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29/07/2013

Se trata de Pedro García, condenado a 70 años de prisión por el secuestro y desa 

Guatemala: Fallo de la Corte de Constitucionalidad deja en suspenso sentencia a un represor

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Pedro García, ex jefe de Policía que ue condenado por planificar y luego consentir la desaparición de un estudiante.
Guatemala.- La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala dejó en suspenso la sentencia a 70 años de prisión que había recibido el exjefe policial Pedro García, por una desaparición forzada en 1981, informó hoy su abogado Moisés Galindo. El jurista explicó a los periodistas que la CC, la máxima instancia jurídica del país, le dio trámite a un recurso de amparo que presentó bajo el argumento de que la situación de su cliente la tuvo que dilucidar una Sala de Apelaciones antes de ser llevado a juicio. Galindo dijo que en el amparo, la Corte de Constitucionalidad ordena que el caso de García se tramite conforme a la Ley de Reconciliación Nacional, es decir, que lo tiene que conocer una Sala de Apelaciones para que se defina si el delito del que es acusado su cliente es de lesa humanidad o si ya prescribió.

García, quien fue jefe del desaparecido Comando Seis de la extinta Policía Nacional (PN), fue acusado de planificar, coordinar y consentir la captura y posterior desaparición del estudiante universitario Edgar Sáenz Calito en 1980.
   
El exjefe policial fue detenido en julio de 2011 y en agosto de 2012 el Tribunal A de Mayor Riesgo lo condenó a 70 años de prisión al haber sido hallado culpable de su participación en la desaparición del estudiante de la estatal Universidad de San Carlos (USAC).
   
Sáenz Calito fue detenido por supuestamente pertenecer a la entonces guerrillera Organización del Pueblo en Armas (Orpa).

Galindo no precisó cuándo fue notificado del amparo y se limitó a señalar que la decisión de la CC deja en suspenso la sentencia de 70 años a los que había sido condenado García, quien también tiene abiertos otros procesos judiciales en su contra.
   
Uno de ellos se refiere a su supuesta participación en el incendio de la embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980, en el que murieron 37 personas.
   
Las fuerzas de seguridad del Estado incendiaron esa misión diplomática con el fin de desalojar a un grupo de indígenas y campesinos, apoyados por universitarios, que la habían ocupado en protesta por la represión militar.

 
 
 
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