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18/09/2012

Durísima declaración sobre la complicidad civil con la dictadura 

Fiscal Gonella: "La Justicia actuó en connivencia en todo el territorio nacional con los genocidas"

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Fiscal Carlos Gonella: Juventud y coraje para decir las cosas como había que decirlas.
Córdoba.- El fiscal federal de Córdoba Carlos Gonella aseguró que la causa que lleva adelante sobre los magistrados cómplices de la dictadura cívico militar, por la que se encuentran detenidos cinco ex funcionarios judiciales en esta provincia, permite visualizar "un abordaje más amplio del terrorismo de Estado como un plan criminal complejo".

Por esta causa, el juez Daniel Herrera Piedrabuena ordenó las detenciones del ex juez federal Miguel Angel Puga y de Carlos Otero Alvarez, ex secretario penal del fallecido juez Adolfo Zamboni Ledesma. También cumplen arresto domiciliario por razones de salud los ex defensores oficiales Ricardo Haro y Luis Eduardo Molina y el ex fiscal federal Antonio Sebastián Cornejo.

Gonella, en diálogo con Télam, recordó que la causa se inició en 2007, mientras se investigaban los hechos de la Unidad Penitenciaria 1, por el fusilamiento de 31 presos políticos entre abril y noviembre de 1976 y cuyo juicio se realizó en 2010 y tuvo en el banquillo de los acusados, entre otros, a los multicondenados genocidas Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez. "En esa oportunidad, los abogados querellantes Miguel Ceballos, hijo de una de las víctimas, y Rubén Arroyo, presentaron un escrito solicitando la indagatoria de los ex magistrados y funcionarios durante la dictadura cívico militar al
considerarlos cómplices de los hechos", recordó.

Señaló que tras decidirse tramitar esa causa por fuera, "comienza una cadena de apartamientos para su investigación, algunos por amistad íntima con los que debían ser investigados o por otras razones de este tipo".

Tras la serie de apartamientos, la causa recayó en Gonella, quien aclaró que su rol "no es el del fiscal de instrucción, sino fiscal de juicio, pero por orden del entonces procurador general de la Nación, Esteban Righi, tengo que instruir la causa", porque no había ningún fiscal disponible en la jurisdicción. "Todos se habían apartado", dijo. Gonella detalló que presentamos la acusación el 28 de junio, porque consideramos que hay elementos de prueba para la indagatoria por más de 110 hechos atribuibles a estos cinco acusados, entre los que figuran la omisión de promover la investigación de delitos denunciados por los presos políticos de la UP1 sobre las torturas que padecían".
    
Además, también se los acusa por "incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimientos en complicidad con imposición de tormentos, allanamientos ilegales, privaciones ilegítimas de la libertad, agresiones sexuales, homicidios calificados, violaciones y hasta un aborto".

Añadió que el juez Piedrabuena "tiene que resolver si los procesa en base a los hechos con la calificación por las cuales fueron indagados o adopta otro temperamento como pude ser la falta de mérito o alguna otra resolución liberatoria".

Gonella consideró que la justicia "actuó en connivencia en todo el territorio nacional con los genocidas. Después del golpe de Estado del 76, pasan en comisión a todos los jueces a los que les hacen jurar por los Estatutos del Proceso de Reorganización Nacional". "Un juez que jura por esos estatutos sabe el rol que va a cumplir y ese rol queda demostrado en esta causa y en las de otras jurisdicciones: ese rol es el de ser absolutamente cómplices", enfatizó.

Afirmó que en Córdoba la detención de los ex funcionarios "generó mucho escozor por la composición histórica del fuero federal local por parentescos, la endogamia y el nepotismo, por eso en este círculo siempre se habló de la UP1 como la `causa maldita` para la justicia federal de Córdoba". "Me parece sumamente interesante la posibilidad de juzgar a estas personas por este rol tan claro durante la dictadura, en el marco de un juicio en un Estado de derecho con todas las garantías y poder saber cuáles son sus argumentos", señaló.

Gonella recordó la reciente sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que comparó a los ex magistrados federales de Santiago del Estero, Arturo Liendo Roca y Santiago Olmedo de Arzuaga, con los jueces del nazismo.


 
 
 
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