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08/04/2016

Argumentó que el Terrorismo de Estado no necesita un plan formal 

Gils Carbó pidió a la Corte que ratifique que la "Masacre de Trelew" es un delito de lesa humanidad

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Conferencia de prensa de los tres sobrevivientes en marzo de 1973, de izquierda a derecha: René Haidar
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que ratifique que los asesinatos cometidos el 22 de agosto de 1972 en la base aeronaval Almirante Zar, conocidos como la "Masacre de Trelew", son delitos de lesa humanidad de acuerdo con la sentencia que en 2012 condenó a prisión perpetua a tres ex militares. De esta manera, la titular del Ministerio Público Fiscal solicitó al máximo Tribunal de la Nación que rechace el recurso extraordinario de las defensas de los tres ex militares condenados a prisión perpetua (los oficiales Luis Sosa y Emilio Del Real y el suboficial Carlos Marandino) que les concediera la Cámara Federal de Casación Penal, donde argumentaron que en esa época no existía un plan o política preconcebida...

... del Estado para cometer hechos aberrantes. Según el sitio Fiscales.org.ar, Gils Carbó sostuvo que la Corte Penal Internacional (CPI) ya estableció que la metodología que cualquier sector del Estado ejecuta contra un sector de la población civil "no requiere la existencia de un plan formal, ya que las motivaciones explícitas son de escasa importancia".

"Según la doctrina, basta con que el agente sepa que existe el riesgo de que su conducta pueda ser considerada objetivamente como parte de un ataque más amplio o, dicho de otro modo, que sea consciente de que su conducta puede estar relacionada con un ataque que incrementa su peligrosidad para las víctimas o la convierte en una contribución a los crímenes de otros", señaló Gils Carbó en su dictamen.

En cuanto al cuestionamiento sobre la falta de conexidad entre el contexto histórico en que se sucedieron los hechos y el Terrorismo de Estado vigente durante el período 1976-1983, Gils Carbó afirmó que si bien pueden existir diferencias, el juicio permitió "tener por demostrada la progresiva elaboración de un plan o política encaminada a la neutralización o eliminación de una parte de la población civil, ya a partir de 1968, mediante métodos como las detenciones masivas arbitrarias, la tortura, y la realización de acciones ejecutivas".

El 22 de agosto de 1972, la Base Almirante Zar fue testigo del ametrallamiento de 19 militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros, de los que murieron 16. Los tres sobrevivientes resultaron desaparecidos durante la última dictadura.

En octubre de 2012, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó los ex integrantes de la Armada por considerarlos coautores de homicidio agravado por alevosía y tentativa del mismo delito en concurso real, en tanto absolvió a Rubén Norberto Paccagnini y Jorge Enrique Bautista.

Durante la reciente visita del presidente Barack Obama, los organismos de Derechos Humanos le pidieron la extradición del teniente de navío retirado Roberto Bravo, acusado de haber ordenado la matanza.

Bravo, que vive desde 1973 en los Estados Unidos, fue acusado por los tres sobrevivientes de ser quien recorrió los calabozos para darles el tiro de gracia a quienes aún se encontraban vivos.

Bravo obtuvo la nacionalidad estadounidense y vive en Miami desde hace más de 40 años. Era presidente de RGB Group Inc., una empresa de servicios médicos que presta sus servicios a las fuerzas armadas y que, según el diario Clarín, firmó 460 contratos por más de cien millones de dólares, desde 1998 hasta 2008, con el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y el cuerpo de Marines.

La justicia argentina pidió su extradición y Bravo fue detenido en febrero de 2010 durante cinco días. Salió en libertad tras pagar una fianza de 1,2 millones de dólares, después de lo cual, un juez de Miami negó su extradición, alegando que "la extradición está legalmente prohibida" porque "los crímenes que se le imputan a Bravo constituyen ofensas políticas".

Según el artículo 4 del Tratado de Extradición entre EE.UU. y la Argentina, la extradición está prohibida en esta clase de delitos.

En octubre de 2012, 40 años después de la masacre, el tribunal federal de Comodoro Rivadavia condenó a cadena perpetua a tres autores directos de la masacre y absolvió aotros dos acusados, pero en 2014, la justicia anuló estas absoluciones.

El único que no ha sido juzgado es Bravo.

 
 
 
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