Telam
 
28/12/2017

Los acusa de encubrir los secuestros de 12 empleados judiciales y dos jueces 

Formosa: Fiscal pide que se indague a tres ex jueces de la Corte por complicidad con desapariciones

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Fiscal Ferrino. Desmiente aquello de que "entre bueyes no hay cornadas".
El fiscal federal Flavio Ferrini pidió hoy que sean llamados a indagatoria tres ex miembros del Superior Tribunal de Justicia de Formosa durante la última dictadura, al imputarles su complicidad en secuestros y desapariciones de jueces y empleados judiciales en los años 1976 y 1977. Ferrini, fiscal federal de Corrientes que subroga en la causa por las desapariciones de ex judiciales de Formosa, pidió hoy al juez federal subrogante de Formosa Juan Carlos Vallejos que sean llamados a indagatoria los ex ministros de la Corte formoseña Sergio Alfredo Martínez, Bernardo Alfredo Montoya y Jorge Demetrio Vázquez Rey.

El Ministerio Público los acusa a través del fiscal de abuso de autoridad, incumplimientos de deberes de funcionarios públicos y encubrimiento respecto a los secuestros de 12 empleados judiciales y dos jueces, cometidos en agosto de 1976 y junio de 1977, durante la dictadura militar.

“Hay víctimas de las que se desconoce y continúan siendo buscadas, entre ellas, Zulma Nélida Sena, Mirta Leonidas Insfran y Ricardo Bogner, empleados judiciales que continúan desaparecidos”, señaló el fiscal en el requerimiento al que tuvo acceso Telam.

Según el pedido formulado al juez Vallejos, “Sergio Alfredo Martínez; Bernardo Alfredo Montoya y Jorge Demetrio Vázquez Rey estaban a cargo del Poder Judicial provincial en su carácter de ministros del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Formosa, al momento en que los empleados fueron privados de modo ilegal de su libertad”.

En cuanto al presunto encubrimiento de los secuestros, el Ministerio Público indicó que “en la actuación de los miembros del Poder Judicial de Formosa aparece claramente la voluntad de avalar, tolerar y ocultar las prácticas violatorias de los derechos fundamentales del aparato represivo del Estado de esos años”.

Y asimismo, sobre los abusos de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, el fiscal señaló que los magistrados “debieron intervenir en salvaguarda de los derechos individuales”, pero que, “por el contrario”, actuaron “con manifiesta tolerancia hacia los numerosos y reiterados delitos de lesa humanidad que, cometidos por los miembros del aparato represivo, llegaban a su conocimiento”.

Todas las víctimas eran empleados del Poder Judicial de la provincia de Formosa y miembros de la Asociación Judicial de Formosa, entidad gremial que nucleaba a los trabajadores del sector.

De hecho, en la investigación consta que al menos dos de los secuestrados “fueron privados de su libertad en su lugar de trabajo”.

 
 
 
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