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14/03/2018

Amenazó con "lanzar a los cocodrilos" a los inspectores que envíe el organismo 

Duterte retira a Filipinas de la CPI porque no quiere que sea investigada su "guerra antidroga"

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Rodrigo Duterte: un fascismo del siglo XXI, en versión filipina
 
  • Rodrigo Duterte: un fascismo del siglo XXI, en versión filipina
  • Son pocos los que se atreven a cuestionar el "gatillo fácil" y las ejecuciones extrajudiciales en Filipinas
 
(EFE) El presidente de Filipinas Rodrigo Duterte retiró hoy a su país de la CPI, tribunal al que acusó de ataques "intolerables" por tratar de investigar su "guerra
antidroga" que ya suma más de 7.000 muertos. "Declaro e inmediatamente doy aviso, como presidente de la República, que Filipinas retira con efecto inmediato su
ratificación del Estatuto de Roma (la carta fundacional de la CPI)", dice Duterte en un documento fechado en Manila. En el escrito, el jefe de Estado acusa a la Corte de tratar de imponer su jurisdicción sobre él en una supuesta violación de la presunción de inocencia, más de un mes después de que el Tribunal iniciara un análisis preliminar para investigar su campaña antidroga.

El Gobierno de Filipinas ha argumentado desde entonces que el organismo violaría su soberanía nacional si somete a juicio la guerra antidroga, ya que la jurisdicción de esta materia pertenece a los tribunales locales.

La retirada de un Estado de la CPI sólo puede hacerse efectiva un año después de que el secretario general de la ONU reciba la correspondiente notificación por escrito, según el artículo 127 del Estatuto de Roma, un precepto que Duterte no parece dispuesto a acatar.

Según Duterte, el artículo 127 "no es aplicable" debido a que "parece haberse producido un fraude al suscribir dicho acuerdo".

"Parece que hay un esfuerzo concertado de los relatores especiales de la ONU para dibujarme como un cruel y despiadado violador de los derechos humanos que supuestamente ha ordenado miles de ejecuciones extrajudiciales", expresa Duterte en el documento que el Gobierno planea enviar en breve a La Haya.

El tribunal internacional recibió en abril del año pasado la demanda de un particular filipino que exigió juzgar a Duterte por "asesinatos en masa" durante los 22 años (1988-98, 2001-10 y 2013-16) en que fue alcalde de Davao, en la sureña isla de Mindanao, y también como jefe de Estado desde junio de 2016 con su campaña antidroga.

Casi un año después, el pasado 8 de febrero, la CPI inició un análisis preliminar para investigar las presuntas ejecuciones extrajudiciales en la "guerra contra las drogas" con el fin de determinar si existe o no base suficiente para abrir una investigación. Desde entonces, el mandatario amenazó varias veces con retirarse del tribunal y protagonizó una campaña de acoso contra los relatores de la ONU sobre derechos humanos, a los que amenazó con "lanzar a los cocodrilos" o "abofetear" en el caso de la francesa Agnes Callamard, asignada a Filipinas.

La guerra contra las drogas de Duterte ha causado unas 4.000 muertes de sospechosos en redadas policiales, aunque se estima que el número total de víctimas supera las 7.000 al contar los crímenes perpetrados por civiles.

Los Estados Unidos y Rusia se retiraron del Estatuto años después de haberlo firmado, mientras que China, India y la mayoría de naciones de Asia nunca llegaron a ratificarlo y, por lo tanto, no forman parte del llamado tribunal de La Haya.

 

 
 
 
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