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27/09/2017

Además de la policía, patrullas vecinales son responsables de unas 7.000 muertes 

Un 80% de los filipinos cree que el Estado actúa de manera ilegal en la represion del narco

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Filipinas: Marcos ya no está, pero Duterte heredó sus métodos
Una encuesta elaborada por una consultora internacional mostró que más de la mitad de los filipinos cree que la policía de su país mata de manera ilegal a sospechosos en el marco de la "guerra antidroga" lanzada por el presidente Rodrigo Duterte, campaña que lleva más de 7.000 muertos. El 54% de los encuestados opina que muchos de los sospechosos muertos en operaciones policiales nunca opusieron resistencia, pese a lo que figura en las actas oficiales, según el sondeo realizado por la firma Social Weather Stations (SWS) sobre una muestra de 1.200 personas en todo el país.

Desde que Duterte llegara al poder, el 30 de junio de 2016, comenzó una campaña para erradicar las drogas que incluye como blanco a los mismos consumidores y que ya provocó más de 3.800 muertes de supuestos traficantes y toxicómanos a manos de la policía, además de un número mucho mayor de "ajusticiados" por patrullas vecinales.

El presidente ha mantenido la orden de disparar a matar en caso de que los sospechosos se resistan al arresto de forma violenta, una decisión fuertemente cuestionada por organizaciones locales e internacionales que consideran que los agentes aplican esta directriz de forma arbitraria.

El sondeo publicado hoy apunta a que solo un 20% de los cien millones de filipinos cree que la policía actúa de forma legítima en los casos de resistencia al arresto, mientras que un 25% se mostró indeciso. El 49% de los encuestados piensa que muchas de las víctimas mortales de la "guerra antidroga" de Duterte no eran auténticos traficantes o drogadictos y cree que fueron puestos en las listas negras de la fuerzas de seguridad por error o de forma intencionada, consignó la agencia de noticias EFE.

Cinco de cada diez encuestados reconoce la existencia de numerosos casos de venganzas personales, en los que un ciudadano acusa falsamente de vender o consumir drogas a otro con el que mantiene una rencilla personal.

Organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW) han denunciado en numerosas ocasiones la arbitrariedad de la campaña contra las drogas de Duterte y las constantes violaciones de los derechos humanos que se comenten.

 
 
 
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