Romano está viviendo en Reñaca, sobre la costa chilena, desde septiembre del año pasado, cuando llegó a ese país tras huir de Mendoza, en momentos que el Consejo de la Magistratura lo destituía.
La justicia federal mendocina lo acusa de 103 delitos de lesa humanidad cometidos cuando durante la dictadura se desempeñabna como fiscal.
Entre enero y febrero de este año, Romano, quien permanece en Chile bajo la figura de "arraigo" y con detención domiciliaria nocturna, fue sometido a extensos interrogatorios a cargo del ministro Adalís Oyarzún, quien instruyó el proceso de extradición en su contra desde un comienzo.
El juez Muñoz, quien se hizo conocido por investigar el origen de la fortuna del fallecido dictador chileno Augusto Pinochet y encabezar varios procesos por violaciones a los derechos humanos que finalizaron con penas de cárcel para altos oficiales del ejército chileno, tomó la causa de Romano y resolvió este nuevo interrogatorio.
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