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14/07/2016

En base al Informe de la Comisión de la Verdad, se iniciarán nuevos juicios 

Declaran "inconstitucional" la Ley de Amnistía dictada tras los acuerdos de paz en El Salvador

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
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La Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró "inconstitucional" la Ley de Amnistía general que acompañó a los acuerdos de paz que cerraron el conflicto armado entre la guerrilla y el Ejército (1980-1992), y que impidió juzgar hasta ahora los crímenes de lesa humanidad y de guerra que se cometieron, se informó hoy. La Sala Constitucional de la Corte Suprema estableció en una sentencia emitida ayer que la ley es inconstitucional por "ser contraria al derecho de acceso a la justicia y a la reparación de víctimas de crímenes cometidos durante la guerra", dijo en la fecha la Dirección de Comunicaciones de ese alto tribunal.

La máxima Corte salvadoreña declaró inconstitucionales dos artículos de la ley que impiden el "cumplimiento de las obligaciones estatales de prevención, investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación de las graves violaciones" a los derechos humanos. La sentencia establece que los crímenes de lesa humanidad son de carácter imprescriptible según el derecho internacional, por lo que no pueden oponerse medidas de orden interno, tanto legislativas como de otro carácter, que impidan la investigación, el esclarecimiento de la verdad y la aplicación de una justicia independiente.

La Corte enfatizó que los hechos que quedan excluidos de la amnistía son los atribuidos al Ejército y la guerrilla que puedan ser calificados como crímenes de lesa humanidad y de guerra constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

El informe de la Comisión de la Verdad, publicado en 1993, recoge las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el conflicto armado de este país centroamericano.

La comisión investigó los crímenes cometidos durante la guerra civil salvadoreña, entre ellos, el asesinato del arzobispo de San Salvador Oscar Arnulfo Romero (1980), así como matanzas que dejaron cientos de muertos, como la de El Mozote (1981) y la masacre de seis jesuitas y dos colaboradoras (1989).

La Comisión de la Verdad fue creada en cumplimiento de los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto en 1992 y fue presidida por el ex gobernante de Colombia Belisario Betancur.

Por su parte, el defensor del Pueblo de El Salvador, David Morales, aseguró que esa decisión judicial no generará un "caos político" ni una "cacería de brujas" en el país. "Es un mito que aquí va haber una cacería de brujas, que se perseguirá a la clases política, que se altera el proceso de paz, que se altera la democracia, que se podría generar un caos político", señaló Morales en conferencia de prensa.

Por el contrario, el defensor de derechos humanos aseguró que la derogación o nulidad de leyes similares en otros países latinoamericanos "ha traído el fortalecimiento de las democracias, de los sistemas judiciales, no han traído caos o alteraciones de la paz".

Morales detalló que la sentencia del Constitucional se suma a otra del 2000 que decretó que los jueces podían declarar inaplicable la amnistía en casos de crímenes de guerra.

Añadió que "desde hace más de 10 años" la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) "ha dictado sentencias en las que ordena que la amnistía no debe aplicarse".

"Esta sentencia se suma a una serie de sentencias internas e internacionales que reconocen la obligación de justicia del Estado" por lo que la Ley de Amnistía "perdió su fuerza jurídica hace más de 15 años", expuso.

Remarcó que la Ley de Amnistía ha sido el principal elemento para la "impunidad" frente a los crímenes de guerra, y "que ha radicado en la postura de jueces y fiscales que ante los casos concretos han decidido favorecer a los represores y discriminar a las víctimas".

"Esta sentencia se convierte en una herramienta de mayores alcances para exigir justicia", y "si se respeta la sentencia tendremos algunos casos ejemplarizantes y esto generará por primera vez, desde los Acuerdos de Paz (1992), las primeras luces de la reconciliación", auguró.

Esto último porque "las heridas siempre estuvieron abiertas, las sangre derramada jamás ha sido reivindicada y las víctimas fueron discriminadas en todo momento".

El conflicto armado entre la ex guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora en el poder, y el Ejército salvadoreño, financiado por el gobierno estadounidense, se saldó con unos 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.

 
 
 
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