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30/10/2014

Fiscal anunció que apelará la medida y pidió que se les prohiba salir del país 

El juez Recondo liberó a seis militares acusados de homicidios y secuestros de menores

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    "Silver". Tras laboriosa reconstrucción pudo determinarse que el montonero muerto era el tucumano Arturo Jaimez.
El juez federal de La Plata, Alberto Recondo, liberó por falta de mérito a seis militares acusados de matar a dos adultos y secuestrar a tres menores de edad, durante el ataque a una casa de la localidad bonaerense de Berazategui, en 1977, medida que será apelada por la Fiscalía que además pedirá que se les prohíba salir del país. De esta forma, el magistrado sólo procesó al coronel (R) Néstor Horacio Falcón, entonces jefe del Batallón 601 de Comunicaciones de City Bell, hoy de 84 años. En cambio, Recondo dictó la falta de mérito de sus subordinados. Un caso caracterizado por los apremios a una menor de 12 años llevada a varios ccd para que marcase militantes por la calle. Una larga investigación logró determinar la identidad del montonero muerto.

La decisión de Recondo determinó que recuperarán la libertad el segundo jefe del ya mencionado Batallón 601 de Comunicaciones de City Bell, el entonces mayor Carlos Alberto Bazán; los entonces oficiales de Inteligencia Francisco Ángel Fleba; de Logística, Silvestre Santiago Badías y de Operaciones, Eduardo Arturo Laciar; el entonces capitán y jefe de la Compañía B del Batallón, Daniel Leonardo Lucero (66) y el entonces cabo primero Miguel Ángel Ferreyra.

Los siete militares estaban detenidos en los penales federales de Ezeiza y Marcos Paz, por el hecho ocurrido el 6 de septiembre de 1977 en una casa ubicada en la calle 148, entre 27 y 28, de Berazategui, donde estaba María Nicasia Rodríguez, junto a sus hijos de 12, 10 y 1 año, respectivamente; además Arturo Alejandrino Jaimez, apodado Silver (según pudo determinarse, tras una larga investigación, culminada por el Equipo Argentino de Anytropología Forense). La dueña de casa y Jaimez eran militantes montoneros.

Los militares atacaron la casa y mataron a los adultos, que luego de refugiar a los niños en el baño de la vivienda se resistieron, matando a un soldado -Luis Alberto Barbazano- e hiriendo a otro. Cuando los niños escucharon que uno de los militares, ya adentro de la vivienda, proponía tirotear el baño, rompieron a llorar, implorando que por favor no lo hicieran. Los militares se llevaron a los tres menores.

La nena de 12 años estuvo detenida ilegalmente durante 3 meses en el cuartel de La Tablada y centros clandestinos de detención como El Vesuvio y Sheraton, tiempo en el que fue sacada a "lanchear" y presionada para que identificara a militantes.

Sus hermanos tuvieron más suerte, ya que pasaron a manos de la  Policía Bonaerense, que finalmente los entregó a su familia biológica. El fiscal Hernán Schapiro, que pidió al juez que mantenga la prohibición de salida del país para los seis imputados y adelantó que recurrirá la decisión ante la justicia federal de La Plata, imputó a los siete militares por los homicidios de los dos adultos, la privación ilegal de la libertad y los tormentos a la niña mayor y la sustracción, retención y ocultamiento de dos niños menores de 10 años.

Aunque Recondo consideró probado que Falcón "ha proporcionado y/o facilitado con su accionar la realización de los hechos ilícitos investigados en la presente causa" para lo cual prestó "una cooperación indispensable y necesaria sin la cual no hubieran podido cometerse los mismos", argumentó que "no se encuentra acreditado" que el resto de los imputados, conocieran de antemano las consecuencias de la finalidad perseguida y que, además, tuvieran el dominio sobre sus resultados".

Para el juez, “no se trata de evaluar responsabilidades producidas en el interior de un centro clandestino de detención, en el cual difícilmente puedan trazarse líneas divisorias respecto de la autoría, mediata o no, o la participación necesaria".

"No puede presumirse -agregó- que todos los imputados conocían el Plan Sistemático de Represión Ilegal integrado por ellos mismos y destinado a la comisión de los delitos investigados", afirmó Recondo en su resolución.

Considerado un juez muy próximo a Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, Recondo fue presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. En su lista estaban Olga Pura de Arrabal, la jueza mendocina que suspendió la Ley de Medios Audiovisuales, y María José Sarmiento, quien prohibió el uso de reservas para pagar la deuda externa y repuso efímeramente a Martín Redrado al frente del Banco Central.

Silver

Consigna el historiador Roberto Baschetti en cuanto a Jaimez, que no figuraba en la lista de muertos y o desaparecidos, acaso porque era tucumano. Baschetti atribuye su identificación a Mariano Pacheco, quien en una entrega de su folletín digital “Montoneros Silvestres”, afirmó que Jaimez, era estudiante universitario y militante de la JUP en Córdoba. Baschetti agregó que era alumno del IMAF, Instituto de Matemáticas, Astronomía y Física, y que María Nicasia, a la que todos llamaban "Mary" era de Dock Sud.

Más y muy buena información aquí: https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/la-union-de-cabos-sueltos-que-permitio-reconstruir-un-caso-de-homicidios-y-desapariciones/

 
 
 
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