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30/05/2016

Si los signatarios no hacen un aporte, en julio despediría al 40% del personal 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría desaparecer por falta de financiamiento

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Parte del equipo del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, dependiente de la CIDH
El pasado 25 de mayo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro propuso que los 34 estados miembros aporten fondos directamente al sistema interamericano de derechos humanos, ya que la Comisión tuvo que cancelar las visitas a países y las audiencias por lo que resta del año y en julio próximo (al mes siguiente de la asamblea general a celebrarse en Santo Domingo) deberá despedir al 40% de su personal. "Propongo que la Corte y la Comisión presenten en la Asamblea General (del 13-15 de junio) un proyecto de contribución de los países directamente a la Comisión y la Corte, para darles viabilidad, autonomía técnica e independencia", dijo Almagro en su presentación ante el Consejo Permanente.

Almagro hizo la propuesta durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA en la que el presidente de la CIDH, James Cavallaro, explicó la situación y urgió a los estados miembros a aportar dinero al sistema de derechos humanos de manera urgente.

"Hemos tomado buena nota de su solicitud; vamos a trabajar en ello y presentaremos una propuesta en la Asamblea General" que sesionará entre el 13 y el 15 de junio en Santo Domingo, República Dominicana, dijo el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza.

Durante la sesión, sólo Antigua y Barbuda, Costa Rica y Panamá se comprometieron a aportar fondos inmediatamente, y Canadá y Uruguay prometieron "hacer gestiones al respecto", informó la agencia EFE.

En tanto -trascendió- los representantes de nuestro país, así como los de Chile, Guatemala y México expresaron críticas a la gestión de la CIDH, cuestionaron su transparencia, eficacia e imparcialidad y sugirieron que los estados miembros de la OEA le retacean financiamiento porque no están satisfechos con su trabajo.

El embajador mexicano ante la OEA, Luis de Alba, propuso incluso que la CIDH mude su sede de Washington a San José, Costa Rica, donde ya funciona la de la Corte IDH, para reducir costos.


Solicitud de ADC al presidente Macri

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) solicitó al presidente Mauricio Macri que instruya a la canciller Susana Malcorra para que la Argentina intervenga, en su carácter de Estado miembro, fijando una "firme posición" que le asegure "fortaleza política y financiera" a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según un comunicado difundido el viernes.

Representantes de la citada ONG pidieron que el país "incremente sensiblemente sus donaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)" y que "el gobierno auspicie, junto con otros países seriamente interesados en la cuestión de los derechos humanos, una reflexión colectiva -con la participación de Estados y actores no gubernamentales- en pos de fortalecer genuinamente, tanto en términos políticos como recursivos, el resguardo y la promoción de los derechos humanos en
América".

La CIDH es el principal órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), específicamente dedicado a la promoción y salvaguardia de los derechos humanos en el continente. El órgano es reconocido por su independencia y autonomía, así como también sus aportes a la justicia interamericana y a la defensa de la democracia en América a través de informes anuales por país, su sistema de peticiones individuales y su celeridad en materia de medidas cautelares, según se lee en el comunicado de ADC.

"En años recientes -dice en otro pasaje- distintos países de la región han intentado, con el argumento de su fortalecimiento y modernización, debilitar a la CIDH, obstaculizar las relatorías y dilatar el proceso de medidas cautelares y de peticiones individuales", y los países miembros, que históricamente respaldaban a la CIDH, "han comenzado a disminuir drásticamente las contribuciones voluntarias o dejado de aportarlas".

También cuestionó la entidad que varios países no paguen sus cuotas regulares a la OEA, lo que -sostuvo- afecta el funcionamiento del órgano, y "ha llevado a un déficit crítico que ha implicado severos recortes y dificultades notorias para el cumplimiento del mandato". "Esto coloca en estado de precariedad e indefensión a millares de víctimas de violaciones a los derechos humanos en el continente" y por ello resulta "imperativo" para el sistema interamericano de derechos humanos "asegurar la viabilidad financiera" de la CIDH", concluye.

Asimetrías

La OEA financia solo a una pequeña parte del personal que opera en la Comisión, 31 personas. O sea, menos funcionarios que los países que hay para atender. El resto de los funcionarios están financiados por donaciones inestables que han evidenciado la crisis que enfrentamos y sobre la cual el tiotular de la CIDH James Cavallaro ya había advertido.

El Consejo Permanente de la UE destina 41.5% de su presupuesto a la protección de los derechos humanos. La OEA, en cambio, apenas destina un 6% a la CIDH.

La CIDH recibió este año 2,8 millones de dólares en aportes voluntarios, de los cuales el 85% provino de los Estado Unidos. La Argentina contribuyó con u$s 40 mil; Uruguay, con 24.460 y Perú con 5.000. En contraste, países que no son miembros de la OEA como España y Dinamarca pusieron u$s 47.181 y u$s 212.681, respectivamente.

Y la mayor paradoja la señaló James Cavallaro en la reunión del Consejo: "En 2015 los países latinoamericanos y caribeños dieron 200 mil dólares de aportes voluntarios a la CIDH, con 6.188 casos americanos, y 13,7 millones de dólares a la Corte Penal Internacional, que sólo tiene una preinvestigación de México".

Así las cosas, un organismo inyernacional que tuvo decisiva importancia en la investigación de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura argentina, corre el riesgo de desaparecer o de tornarse totalmente inoperante.

 
 
 
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