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05/07/2017

No hubo motivos claros para detenerlos, y menos para incomunicarlos, asegura 

El CELS denuncia el uso de la figura penal de "intimidación pública" para detener a manifestantes

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    El Cels destacó que la policía reprimió a pesar de que los manifestantes no cortaron el tránsito.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció hoy la utilización "desproporcionada" de la figura penal de "intimidación publica" para detener a manifestantes, como sucedió en la movilización de ayer, martes, que pidió la libertad del referente mapuche Facundo Jones Huala, ante los Tribunales porteños de la calle Talcahuano, o la de desocupados que se concentraron la semana pasada frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social, sobre la avenida Nueve de Julio. "Los manifestantes detenidos en la última semana -ayer frente a Tribunales y el miércoles pasado en la Av. 9 de julio- fueron privados de la libertad por el delito de 'intimidación pública'" lo que "agrava la criminalización de la protesta social", afirma el CELS en su portal.

En el caso de la manifestación que solicitó en Buenos Aires la libertad de Jones Huala, detenido en la Unidad 14 de Esquel en Chubut, la policía detuvo a siete personas, de las cuales "seis fueron llevadas a dos comisarías de la ciudad y una al Hospital Argerich porque, como consecuencia del operativo, resultó herida".

"Del mismo modo que el 28 de junio durante una protesta que ocurría en la Av. 9 de julio, la represión comenzó mientras existían negociaciones para que los manifestantes se retiraran", aseguró el CELS.

La organización afirma que ayer intervinieron tropas de "la Policía de la Ciudad y de la División Investigación de Amenazas e Intimidaciones Públicas de la Policía Federal Argentina, una repartición que responde a la Dirección General de Antiterrorismo de esa fuerza".

Respecto de la utilización de la figura penal de “intimidación pública”, el CELS sostuvo que "agrava aun más la criminalización de quienes protestan: se utiliza de manera extensiva un tipo penal que no (se) aplica a los hechos ocurridos y que expone a las personas a penas mayores".

"Además, las personas permanecen incomunicadas, es decir que no pueden hablar ni siquiera con sus familiares; esta medida es arbitraria y desproporcionada y tiene un efecto intimidador mayor para las personas detenidas y sus familias y para todos los manifestantes", argumentó.

De acuerdo con el CELS, "el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires y la justicia federal y criminal endurecieron su reacción a las protestas cuando no se trata de manifestaciones masivas".

"A las consecuencias para la integridad física que tienen los operativos violentos se agregan las consecuencias negativas que tiene la criminalización. La privación de la libertad y los procesos penales posteriores son mensajes claros que buscan desalentar el ejercicio del derecho a la protesta social", concluyó



 
 
 
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