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18/10/2017

Fueron excluidos expresamente funcionarios de gobierno o fuerzas de seguridad  

El procedimiento que concluyó en el hallazgo de un cuerpo fue diferente de los tres anteriores

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Antonio Ruata: El juez dijo que fue a sugerencia de este prefecto principal que se rastrilló el tramo del r{io en el que apareció el cadáver
La insistencia del prefecto principal Antonio Ruata, quien pidió volver a rastrillar un tramo del río Chubut, y el rigor de la orden del juez Gustavo Lleral para evitar interferencias en la investigación, fueron claves para el hallazgo ayer del cuerpo que se presume es de Santiago Maldonado, que será trasladado a Buenos Aires para su autopsia en la morgue judicial central. Así se desprende de la orden de allanamiento de la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen y de la estancia Leleque -del Grupo Benetton-, librada el viernes 13 por Lleral para ser ejecutada cuatro días después, con la sola participación de comuneros del Lof, familiares de Maldonado y dirigentes de dos entidades de DDHH.

Lleral destacó que la medida fue establecida por la declaración testimonial del prefecto Ruata, cuando sugirió "al menos un rastrillaje más" en el río frente a la comunidad mapuche y 60 kilómetros aguas abajo, en territorio de Benetton, sosteniendo que "debería repasarse el río algunas veces más porque tiene muchas zonas irregulares y ramas".

El juez consideró que los anteriores rastrillajes, ordenados por el recusado Guido Otranto, a quien reemplazó, sufrieron "injerencia de intereses ajenos" a los objetivos del caso, que "no hicieron más que enturbiar y afectar la obtención de resultados positivos en este proceso de hábeas corpus". Así. enumeró los "legítimos y primeros" intereses de la familia Maldonado, los de la comunidad y los de las entidades de derechos humanos, a las que incluyó en el procedimiento de ayer.

Entre los necesariamente excluidos, el juez mencionó al "Estado Nacional argentino, que ha resultado denunciado a nivel internacional, así como también las fuerzas de seguridad y funcionarios que eventualmente pudieran estar involucrados en los hechos, y que intervienen como autoridad requerida". Asimismo, los del Estado provincial de Chubut, lugar donde ocurrieron los sucesos, y los de "organismos internacionales de DDHH que se hicieron eco, no sólo de los reclamos de cada uno de aquellos intereses en juego, sino también los que detentan un protagonismo activo en el caso" (...) "Actores, todos estos, que han generado lógicas confusiones en la opinión pública, al declarar sus pretensiones a los medios de prensa, legítimos portadores del derecho a la información que tienen todos los ciudadanos", sostuvo.

Por eso, para evitar que la diligencia se "vea entorpecida por otras personas ajenas", debido "al estado público que ha tomado la causa", el juez recomendó a los "autorizados a estar presentes" que "guarden la mayor reserva del contenido de la presente orden judicial". De esta manera, el rastrillaje resultó sorpresivo para quienes siguen el caso desde el inicio.

También Lleral recordó que en la frustrada búsqueda de su antecesor las diligencias fueron cumplidas con "la intervención de otras fuerzas de seguridad, y la interacción con los ocupantes del lugar que pusieron a la luz un alto grado de tensión y violencia".

Reseñó que para evitar eso realizó un acercamiento previo a la comunidad, en el que entre otros acuerdos logró la declaración de dos nuevos testigos del procedimiento de Gendarmería del 1 de agosto en la comunidad, cuando desapareció Maldonado, para realizar el último rastrillaje sólo con Prefectura, con la convocatoria de la Unidad de Criminalística Móvil de la Policía Federal al hallar el cuerpo.

Ninguno de los uniformados fue armado y, además del resultado positivo, no se suscitó incidente alguno.

Al procedimiento convocó también al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y a su integrante Carlos Somigliana como representante, quien participó durante toda la jornada de ayer y parte de la de hoy en la tarea, que incluyó el retiro del cuerpo del agua con el debido resguardo y el traslado a la morgue judicial de Esquel. Los nombrados, con sus representantes legales y peritos, completarán el traslado aéreo del cuerpo a Buenos Aires, para garantizar la "cadena de custodia" exigida para el buen resultado de estos procedimientos.

El rastrillaje fue complementado por bomberos voluntarios y efectivos de la Dirección Nacional de Cinotecnia, que aportó los canes especializados en la búsqueda de restos humanos en agua.

 

 
 
 
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