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08/07/2014

La represión se cebó en la coordinadora regional de fábricas y astilleros 

El "Juicio de los obreros de la Zona Norte" del Gran Buenos Aires se inició hoy

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Una imagen de la sala, esta mañana.
El ex dictador Reinaldo Benito Bignone y otros diez acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad contra obreros de las fábricas de la zona norte del Gran Buenos Aires y sus familiares comenzaron a ser juzgados hoy por el Tribunal Oral Federal de San Martín, compuesto por los jueces Héctor Sagretti, Marta Milloc y Diego Barroetabeña. Los once represores deben responder por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio en perjuicio de más de 60 víctimas de la última dictadura. El llamado "juicio de los obreros", el undécimo de la megacausa de Campo de Mayo, se desarrollará los martes y jueves desde las 9.30 en la sala de la Justicia Federal de San Martín destinada a causas de lesa humanidad, en Pueyrredón 3728 de esa localidad bonaerense.

Organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas llegaron temprano al tribunal y desplegaron sobre la calle Pueyrredón pancartas y carteles para recordar a las víctimas de la represión.

En las audiencias orales y públicas serán debatidos sucesivamente seis causas que agrupan 23 casos con más de 60 víctimas, en su mayoría trabajadores (y en algunos casos sus familiares) de los astilleros Astarsa y Mestrina, de los establecimientos ceramistas Cattáneo y Lozadur y de la metalúrgica Bopavi.

Los trabajadores de dichos establecimientos estaban nuecleados en una coordinadora regional pluripartidista que tomana decisiones de manera democrática y asamblearia, muchas veces en abierta contradicción  con las direcciones nacionales de sus gremios.

Los imputados no son los mismos en todos los casos, en la investigación que abarca la desaparición de 34 personas, 22 privaciones ilegales de la libertad y tormentos y cinco homicidios.

El proceso se extenderá hasta octubre o noviembre próximos, según estimaciones de fuentes próximas al tribunal, y podrá en su desarrollo recibir además la 'causa Ford' si la Cámara Nacional de Casación Penal se pronuncia a tiempo sobre nulidades planteadas por la defensa de los acusados, ya rechazadas por el Tribunal y por la Cámara Federal de San Martín.

En caso de que la Casación demore más tiempo, la "causa Ford", por la privación ilegal de libertad de 24 obreros, entre otros delitos, se ventilará seguramente en el siguiente juicio de la megacausa de Campo de Mayo, según evaluaron fuentes de las querellas.

Además del teniente general (R) Bignone, en este juicio están imputados, los generales de división (R)  Santiago Omar Riveros -jefe máximo de la zona represiva ZD4-,  y Eugenio Guañabens Perelló, el general de brigada (R) Rodolfo Emilio Feroglio y  el coronel (R) Luis Sadi Pepa.

También lo están los militares Juan Carlos Gerardi, Roberto Julio Rossin, Alejandro Puertas, Héctor Omar Maldonado, Juan Demetrio Luna, Carlos Daniel Caimi y Eugenio Guañabens Perelló.

Además, entre los acusados hay miembros de la Policía bonaerense y de la Prefectura Naval.

Acusarán en el debate los fiscales Marcelo García Berro, Guillermo Silva y Guillermina Jiménez, mientras que lo harán por las querellas Ciro Annicchiarico (Secretaría de Derechos Humanos de la Nación), Paula Mañueco (Secretaría de Derechos Humanos bonaerense) y Pablo Llonto (en representación de familiares de víctimas).
En todos los casos ejercerá la defensa oficial de los acusados Juan Tripaldi.

Una particularidad de la "causa Ford", que todavía podría ingresar en último lugar entre las acumuladas en este juicio, es que puede convertirse en la primera en la que sean juzgados empresarios o gerentes por crímenes de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de sus empresas durante la última dictadura.

Con imputaciones similares, también podrían ser juzgados este año el dueño del ingenio Ledesma en Jujuy, Carlos Pedro Blaquier, y su ex administrador, Alberto Lemos, y Marcos Levin, propietario de la transportista La Veloz del Norte, en Salta.

"La que llegue primero a juicio oral y sentencia, va a indicar, desde los fundamentos jurí­dicos, por qué se considera a un empresario partí­cipe o autor, y eso también va a ser interesante: si se le pone grado de participación o se le pone grado de autoría" en los delitos imputados, explicó el abogado Llonto a Télam.

Y esto "va a servir de fundamento, seguramente, para todos los demás juicios" en que empresarios o directivos de empresas sean finalmente imputados por su participación o complicidad en delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de sus establecimientos, durante el terrorismo de estado, explicó.

 
 
 
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