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26/07/2016

En la megacausa ESMA Unificada ya fallecieron 11 de los 67 imputados iniciales 

El Ministerio Público alerta sobre demoras que conspiran contra el proceso de Justicia

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Tribunales federales de la CABA, donde se desarrollan varios juicios por delitos de lesa humanidad
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad difundió hoy un documento en el que alertó sobre las demoras en los juicios y manifestó su preocupación por "la persistencia y en algunos casos intensificación" de los obstáculos que surgen en los procesos en los que se juzgan delitos de lesa humanidad. El informe fue difundido por el portal de noticias del Ministerio Público Fiscal y destacó que los números de los "procesos de verdad y justicia" indican que hay "689 condenados, 68 absueltos y más de 800 que están procesados".

El documento elaborado por la Procuraduría a cargo de los fiscales Jorge Auat y Carolina Varsky aclara que las "barreras" en los procesos de lesa humanidad ya habían sido identificadas en informes anteriores pero sostiene que "resulta preocupante su persistencia y en algunos casos su intensificación, luego de una década de juicios".

"Al finalizar el primer semestre de este año, se registraron 539 causas por crímenes de lesa humanidad en todo el país, en las que fueron imputadas 2.436 personas.

Desde los primeros juicios orales en 2006 tras la reapertura de los procesos, se dictaron 163 sentencias en las que fueron condenados 689 acusados y resultaron absueltas otras 68. Los procesados actualmente son 846, lo cual da una idea de lo que aún queda por juzgar", informó la Procuraduría.

Desde el Ministerio Público remarcaron que uno de los datos destacados es la reducción en la cantidad de sentencias por año e informaron que en en 2016 sólo se dictaron nueve. Además destacaron que menos del 30 por ciento de los condenados tiene sentencia firme y que sólo 9 de 112 causas elevadas a juicio tiene fecha de inicio de debate.

"La consecuencia más evidente de estas demoras es la muerte de los actores del proceso. Es decir, de las víctimas, los familiares y los imputados, que en algunos casos fallecieron en el transcurso de un juicio postergado e interminable. En la megacausa ESMA Unificada, por ejemplo, de los 67 imputados iniciales 11 de ellos fallecieron durante el desarrollo del juicio", remarcó la Procuraduría.

En uno de los pasajes del informe, bajo el subtítulo "un proceso consolidado, pero con demoras", los representantes del ministerio público fiscal remarcaron que "estos diez años de justicia sostenida en el tiempo comienzan a mostrar algunos signos de 'agotamiento' o de 'baja en el ritmo' de las investigaciones".

"Desde 2014 advertimos una baja en el ritmo de las sentencias obtenidas por año, que habían alcanzado un pico de 25 por año en 2012 y 2013", sostuvieron. Y agregaron que en el primer semestre de 2016 se dictaron nueve sentencias y a este ritmo "parece difícil que vaya a superarse incluso el total de sentencias del año 2015", cuando se dictaron 20.

En otro pasaje del informe, sostuvieron que "durante el primer semestre de 2016 se produjeron algunos avances en la investigación de la responsabilidad de funcionarios judiciales en crímenes de lesa humanidad".

"Es importante destacar que durante este primer semestre tuvo lugar la sentencia proferida contra el empresario Marco Antonio Levín, dueño de La Veloz del Norte, quien fue condenado a 12 años de prisión por la privación ilegítima de la libertad y torturas padecidas por Víctor Manuel Cobos. La víctima trabajaba y era delegado gremial de la empresa de transporte cuando fue secuestrado por la policía junto con otros 14 trabajadores", recordaron.


 
 
 
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