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27/02/2013

La "inconstitucionalidad" declarada por la Corte crea un conflicto  

Uruguay podría sufrir condenas por incumplimiento de pactos internacionales suscriptos

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    El fallo de la Corte es rechazado en pleno por el colectivo de DDHH, que lo ve como un intento de sellar la impunidad sobre los crímenes de la dictadura.
Montevideo.- Amnistía Internacional (AI) sostuvo hoy que la Suprema Corte de Justicia de Uruguay "ampara la impunidad" con su decisión de declarar inconstitucional dos de los tres artículos de una ley de 2011, que restituyó al Estado la pretensión punitiva para los crímenes de lesa humanidad de la dictadura (1973-1985).

El fallo de la SCJ "da la espalda a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas hasta marzo de 1985 y amenaza con dejar en la impunidad cientos de casos en investigación o por investigarse", indicó AI en un comunicado divulgado hoy.

Además "condena al fracaso toda investigación penal sobre los crímenes cometidos hasta marzo de 1985 al desconocerles su carácter de delitos de lesa humanidad y determinar que se encuentran sujetos a prescripción", agrega la organización, según el texto que reproduce la agencia DPA.
    
En la opinión de Amnistía, el fallo "en la práctica, revive los efectos de la Ley de Caducidad" de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobada en 1986, y que perdonó todos los delitos cometidos por militares y policías en aquellos años de régimen de facto.

El pronunciamiento de la Corte uruguaya ha generado  interpretaciones diversas, que van desde la que sostienen algunos juristas y políticos de que se debe liberar a todos los que ya están detenidos por estas causas a quienes sostienen que igualmente se puede seguir adelante con los procesos. Es el caso del fiscal Carlos Negro, quien hoy dijo que de ninguna manera abandonará los casos que tiene a estudio, aunque precisó que "serán los jueces quienes resuelvan" si hacen lugar al mantenimiento de las causas o se decide el archivo de las mismas.

En Uruguay se discute además si los tratados internacionales firmados por el país en el área de los derechos humanos están por encima de la Constitución y, en ese caso, también hay diferentes interpretaciones. Amnistía Internacional cree que "el fallo ignora importantes desarrollos de derecho nacional e internacional logrados en las últimas décadas, incluyendo el obligatorio cumplimiento de las decisiones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que expone al Uruguay a nuevas condenas internacionales por incumplimiento de los compromisos asumidos".

Otro elemento de la polémica es si los delitos cometidos fueron o no de lesa humanidad, ya que "determinadas categorías de crímenes no están sujetos a prescripción, cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido", por lo cual, en opinión de AI "dichos crímenes pueden y deben ser juzgados y sancionados en la actualidad".

Dos plebiscitos realizados en 1989 y 2009 ratificaron la vigencia de la ley de 1986, lo que agregó un elemento más a la polémica y la tensión política generada por este tema. En 2011, el presidente de Uruguay, José Mujica, impulsó una ley que calificaba a aquellos delitos como de lesa humanidad y devolvía al Estado la potestad de denunciar e investigar, pero este 22 de febrero la Suprema Corte declaró inconstitucional dos de los tres artículos de la ley.

Este lunes, miles de personas se concentraron frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia, en Montevideo, para protestar por ese fallo, en una marcha convocada por el gobernante Frente Amplio, la central de trabajadores PITCNT y la organización de Familiares de Detenidos-Desaparecidos.


Ex fiscal y Defensora del Pueblo señala incoherencias
 
    
La directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), Mirtha Guianze, opinó hoy que el fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay que declaró inconstitucional parte de la ley interpretativa de la llamada ley de impunidad, aprobada en 2011, es "grave" porque "pone obstáculos" para juzgar delitos de lesa humanidad", por lo que "hace falta buscar soluciones".
 
"Decimos que es grave ese pronunciamiento de la Corte en cuanto desconoce el derecho internacional, desconoce la sentencia del caso Gelman y nos deja en una mala situación internacional", explicó a Télam, en diálogo telefónico desde Montevideo, la exfiscal que formó parte del Poder Judicial Uruguayo por 45 años.
 
Según la letrada, el fallo del Caso Gelman "es aplicable a todos los casos la sentencia y allí dice que no pueden ponerse obstáculos para el juzgamiento de delitos de terrorismo de Estado. En este caso se desconoce esa sentencia", añadió Guianze.
    
"No se pueden poder obstáculos a ese delito. Nosotros aplicábamos el derecho internacional y lo que dice la Corte Interamericana de derechos humanos", aseguró al referirse a las causas que ha llevado adelante como fiscal donde priorizó el criterio de la norma internacional para los casos de delitos de lesa humanidad.
 
Mediante el fallo dictado el pasado viernes se restablecerá la vigencia de la Ley de Caducidad (amnistía, sancionada en 1986 y ratificada en plebiscitos en 1989 y 2009) y ocasionará seguramente el archivo de medio centenar de investigaciones judiciales y la libertad de dos ex militares que están en prisión.
    
Ahora, según Guianze, cada juez podrá seguir adelante una causa amparándose en el derecho internacional "pero con este instrumento se corre el riesgo de que los defensores de los militares puedan apelar y eso puede llegar a la Corte, y la Corte ya se expidió".
    
"Hay dificultades para que un juez se anime a decir una cosa contraria a lo que la Corte dijo", señaló además. Guianze subrayó lo "llamativo" de la postura de algunos integrantes de la SCJ, quienes también integraron el órgano en 2009 y "estuvieron en una sentencia en la que argumentaron a favor de tratados internacionales".
 
"Tres de esos cuatro jueces son los que ahora hicieron un razonamiento que no se comparan con la jurisprudencia ni con los tribunales internacionales ni de la región", dijo al referirse a los jueces Jorge Larrieux, Jorge Ruibal Pino y Jorge Chediak. "Es un poco contradictorio porque ellos mismos citaron jurisprudencia extranjera para argumentar contra a la Ley de Caducidad pero ahora no le dan ningún valor a los derechos humanos sino que hacen primar la constitución uruguaya según ellos", mencionó.
    
"Dijeron que nuestra constitución da ingreso a los derechos inherentes a la persona humana y eso, ingreso a los tratados de los que Uruguay es parte y ahora le restan valor a eso, porque hay derechos que son contradictorios", observó.
    
Ante la decisión de la Justicia, el partido oficialista uruguayo, la central sindical PIT-CNT y una organización de familiares de víctimas de la dictadura convocó el pasado lunes a una marcha silenciosa en Montevideo. Sobre ello, Guianze explicó que la INDDHH no convoco a la marcha ya que desde el ente intentan "mantenerse al margen" ante el evidente "conflicto de poderes".
 
La ex fiscal destacó que hace falta "pensar soluciones" ante el pronunciamiento de la SCJ pero que ninguna responde a una nueva legislación o a un juicio político. "El dictado de la sentencia de por sí no es mérito para un juicio político", dijo al respecto.

"Hay que pensar en soluciones, estamos muy sobre caliente. Todo lo que se haga es casi que inútil, habría que buscar algún vestigio", opinó. "La fuerza jurídica interna de la legislación y jurisprudencia internacional exige un nuevo esfuerzo de los poderes con responsabilidad en el tema, de modo de buscar los caminos para incorporar e interpretar clara y definitivamente dichas obligaciones a nivel local?, dijo en este sentido un comunicado emitido por la INDDHH.
    
Por último, Guianze se refirió al reciente traslado de la jueza Mariana Mota, que tenía a su cargo unas 50 causas contra militares por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, y que ahora deberán pasar a manos de otro magistrado aún no designado. "Ella era la que tenía mayor numero de causas y tenía casos muy complejos. El pase de ella significó que los expedientes se atrasaran aún más", subrayó.

 
 
 
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