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21/05/2018

Casi dos décadas después y quejándose de una justicia federal remolona 

Heridos de la represión de 1999 en Corrientes reclamaron acciones reparatorias

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    El puente General Belgrano se encontraba ocupado desde hacia casi un año.
Personas que sufrieron heridas y familiares de víctimas de la represión de diciembre de 1999 en Corrientes pidieron hoy celeridad en las acciones reparatorias del Estado nacional y solicitaron la pronta conformación de un tribunal de arbitraje a la Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos de la Nación. “La situación es urgente y demanda la mayor celeridad, porque han pasado casi veinte años y los damnificados siguen sin respuesta”, dijo hoy a Télam Hilda Presman, referente de la Red de Derechos Humanos de Corrientes.

La solicitud se concretó luego del envío de una carta al subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación, Brian José Schapira, para que acelere la conformación del tribunal ordenado por el Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH) para una solución amistosa en el litigio entre los heridos y el Estado.

La represión del 17 de diciembre de 1999 de Gendarmería a manifestantes en el puente interprovincial General Belgrano, entre Corrientes y Chaco, se produjo en los inicios del gobierno de la Alianza (entre la UCR y el Frepaso), causó la muerte a dos personas y heridas a otras 30 como consecuencia de disparos de armas calibre 9 milímetros, según establecieron las pericias oficiales.

Un apoyo asistencial mediante "reparaciones no indemnizatorias” exige la elaboración de “un relevamiento actualizado (que) daría cuenta del estado de indigencia de varias de las víctimas, pero ni siquiera un registro oficial de la situación existe”, indicaron los damnificados en una reunión en la plaza 25 de Mayo de la ciudad de Corrientes.

“Solicitamos se arbitren en forma perentoria los medios para el cumplimiento integral de las prestaciones y exigencias a las que se ha comprometido el Estado argentino" en el Decreto 948 de junio de 2014, "teniendo presente la situación de desamparo económico, la falta de vivienda y de acceso a una salud digna en la que se encuentran las víctimas”, explicaron en la carta a la que tuvo acceso Télam.

En la misiva, recordaron que “el trámite de la causa criminal, identificando a los autores materiales e intelectuales de las muertes y lesiones causadas por la represión (…) se ve obstaculizado por una Justicia Nacional que no se siente comprometida en llevar a cabo una investigación seria, objetiva e imparcial”.

También señalaron que en enero de 2017 el Estado nacional publicó una carta de reconocimiento para dar cumplimiento a uno de los puntos alcanzados en el marco del acuerdo de solución amistosa alcanzado en la CIDH con las víctimas de la represión.

 
 
 
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