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05/03/2018

Las audiencias comenzarán el próximo 2 de julio en la capital de Corrientes 

Con un solo imputado, el general Torres Queirel, fue elevada a juicio oral la causa “Las Marías”

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    A pesar de su lucha y su constancia, el colectivo de DDHH correntino no pudo lograr el enjuiciamiento de todos los militares y civiles involucrados en los crímenes
El Tribunal Oral Federal de Corrientes resolvió iniciar el 2 de julio el juicio por las desapariciones de dos obreros del establecimiento yerbatero Las Marías, perpetradas durante la dictadura en 1977, en la localidad correntina de Gobernador Virasoro. Las audiencias del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra obreros de Las Marías se realizarán del 2 al 4 de julio próximos, en Gobernador Virasoro, distante 325 kilómetros de la capital correntina, según confirmaron fuentes judiciales. El decreto de admisibilidad de pruebas fue firmado a principios de este mes por la presidenta del tribunal correntino, Lucrecia Rojas de Badaró, que integra el estrado junto a los jueces Víctor Alonso y Fermín Ceroleni.

Un solo represor de los involucrados en los hechos llegará como imputado al debate oral, el general de división (RE) Héctor María Torres Queirel, sindicado como coautor de la desaparición del trabajador yerbatero Marcelo Peralta.

Previamente, en 2009, había sido dictada la absolución del dueño de Las Marías, Adolfo Navajas Artaza, quien fuera gobernador de facto en Corrientes y que resultó beneficiado por el juez federal subrogante de Paso de los Libres, Antonio Chalup.

La causa de Las Marías, la empresa yerbatera perteneciente al grupo Navajas Artaza, investiga la privación ilegítima de la libertad de delegados de los sindicatos de la industria de la alimentación (Stia) y de trabajadores rurales (Fatre) de Virasoro.

Dos de las víctimas, el obrero Marcelo Peralta y el tractorista Neris Pérez, fueron desaparecidos en junio de 1977 y también fueron víctimas de la represión Ramón Aguirre, Marcelo Acuña, Pablo Franco, Carlos Escobar, Héctor Sena, Juan Gómez y Luis Benítez Alvez, entre otros trabajadores.

Luego de que Navajas Artaza fuera absuelto, la justicia federal apartó de la causa por insania a Llamil Reston y, por problemas de salud, a Juan Carlos Sacco, ambos militares en actividad durante la comisión de los crímenes investigados.

Por su parte, el militar retirado Torres Queirel -quien sigue imputado- era el dueño de la estancia María Aleida, de donde secuestraron a Peralta.

 
 
 
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