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23/10/2017

Cuatro ex funcionarios judiciales están acusados de encubrir graves delitos 

Córdoba: Finalizaron alegatos de las defensas en la Causa de los Magistrados. Se acerca el final

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Ex juez federal Miguel Angel Puga: En sus narices se violaban los derechos humanos
La instancia de los alegatos de las defensas en el marco del proceso de enjuiciamiento de la denominada Causa de los Magistrados que se lleva adelante en Córdoba, concluyó hoy con pedidos de absolución para los cuatro ex funcionarios federales de Córdoba que están acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención de la provincia de Córdoba en el año 1976. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Córdoba (TOF2) pasó a cuarto intermedio hasta el martes 31 de octubre para continuar con las réplicas y las duplicas de las partes.


El proceso oral comenzó el 25 de julio último y tiene en el banquillo al ex secretario penal del Juzgado Federal 1 Carlos Otero Álvarez; al ex juez Federal Miguel Ángel Puga; al ex fiscal Federal Antonio Cornejo y a ex defensor oficial Federal Ricardo Haro.

Los alegatos comenzaron el 18 de setiembre con las exposiciones de las querellas, que solicitaron cinco año de prisión para Otero Álvarez y tres años de prisión para Puga y Cornejo.

En tanto el 3 de octubre los fiscales Carlos Gonella y Facundo Trotta solicitaron penas de siete años para Otero Álvarez, cinco años para Cornejo y Puga y dos años para Haro.

En esta causa "Cornejo, Antonio Sebastián y otros", el debate oral y público está a cargo de los jueces Julián Falcucci, José Camilo Quiroga Uriburu y Jorge Sebastián Gallino y en ella se investigan cargos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de torturas, secuestros, homicidios y otros delitos.

Son más de 70 las víctimas que, en calidad de prisioneros políticos pasaron por la Dirección de Informaciones Policiales (D2), de la Policía provincial y luego por la Unidad Penal 1 (UP1) de la ciudad de Córdoba en causas abiertas por violación a la denominada "ley antisubversiva" (20.840) de la dictadura.
 
De acuerdo con los elementos que constan en el auto de elevación a juicio, los ex funcionarios judiciales federales están acusados de no haber promovido la investigación de los crímenes denunciados por las víctimas frente a ellos y de haber encubierto a los perpetradores.

Al ser indagados por esas causas, en la que se formalizaba la persecución política, las víctimas pusieron en conocimiento de jueces, fiscales y defensores las violaciones de los derechos humanos que estaban padeciendo en su cautiverio ilegal iniciado en el D2 y continuado en la UP1, pero los funcionarios de la Justicia Federal nunca promovieron la investigación de esos delitos.

 

 
 
 
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