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12/05/2015

Los fiscales Auat y Gonella cuestionaron demoras y "sobreseimiento encubierto" 

Córdoba: Comenzaron alegatos ante la Cámara en la denominada "causa de los magistrados"

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    El fiscal Carlos Gonella dijo que las víctimas de los delitos -que no pueden hablar- hace 30 años que esperan justicia.
Los alegatos en la causa que se instruye en la Cámara de Apelaciones de Córdoba contra cinco ex funcionarios judiciales acusados de delitos de lesa humanidad durante
la dictadura cívico militar continuarán mañana en la capital cordobesa. El Tribunal comenzó ayer a escuchar los argumentos de la fiscalía en la causa que tiene como
acusados a Miguel Ángel Puga, ex titular del Juzgado Federal Nº 2; Antonio Cornejo, ex fiscal federal; Ricardo Haro y Luis Molina, ex defensores oficiales, y Carlos
Otero Álvarez, ex secretario penal del Juzgado Federal Nº 1.

La llamada "causa de los magistrados" se encuentra en período de instrucción y actualmente tiene procesados a Puga, Cornejo y Otero Álvarez -con un sobreseimiento parcial- en tanto que Haro y Molina recibieron la falta de mérito, medida que fue apelada ante la Cámara.

Los ex funcionarios fueron denunciados en 2007 por su presunta responsabilidad con la dictadura en perjuicio de treinta presos políticos que se encontraban a disposición la Justicia Federal de Córdoba en el Departamento de Informaciones (D2) de la Policía y en la ex Unidad Penitenciaria N°1, y que fueron asesinados entre el 30 de abril y el 11 de octubre de 1976 en ocho fusilamientos colectivos encubiertos con el relato de presuntos intentos de fuga.

Por esos crímenes, en diciembre de 2010, fueron condenados como autores intelectuales y materiales Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, así como una veintena de militares y policías retirados.
 
En su exposición de ayer, el Ministerio Público Fiscal representado por el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat y por Carlos Gonella, solicitó se revoque el sobreseimiento parcial del ex secretario Otero Álvarez y la falta de mérito dictada a favor de los ex defensores Molina y Haro al considerar que ambas constituyen "un sobreseimiento encubierto".

En un momento de su exposición, Auat pidió que "no se admitan más dilaciones" y señaló que en la causa "existe una gran sensación de impunidad" porque los acusados "se refugian en los pliegues y repliegues de las mismas normas procesales".

Por su parte, Gonella, ex funcionario de la justicia federal de Córdoba y actual titular de la Procelac, reprochó las “demoras por recusaciones y apartamientos, mientras hace treinta años que se está pidiendo justicia para las víctimas de la UP1, no sólo para los autores materiales".

El alegato de las defensas giró en torno a cuestionamientos a la Cámara de Apelaciones, el pedido de nulidad de la audiencia y a fundamentar la falta de responsabilidad de los entonces defensores, por considerar que "no estaban obligados a denunciar" los graves delitos que se cometieron durante el terrorismo de Estado en la provincia de Córdoba.

 
 
 
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