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09/04/2018

La Argentina es el país que más convenios firmó con la CPI, desde su creación 

Faurie y Garavano encabezaron una conferencia sobre los 20 años de la Corte Penal Internacional

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Un momento de la conferencia realizada en el Palacio San Martín, sede histórica de la Cancillería
El canciller Jorge Faurie y el ministro de Justicia Germán Garavano destacaron hoy en el Palacio San Martín el compromiso de la Argentina con la labor de la Corte Penal Internacional (CPI), expresado desde el mismo momento de su establecimiento, hace 20 años, y calificaron a ese organismo como una herramienta fundamental en la lucha contra la impunidad y la protección de los derechos humanos en el mundo. Faurie y Garavano hablaron en el Palacio San Martín, al encabezar la apertura de una conferencia sobre el 20 aniversario de la adopción del Estatuto de Roma, a través del cual se constituyó la CPI con el fin de juzgar los crímenes más graves de trascendencia internacional en complementación con las jurisdicciones penales nacionales.

Faurie destacó la trascendencia internacional de la Corte y puntualizó que el Estatuto de Roma ”es una búsqueda de disponer de mecanismos contra la impunidad, y esto es lo que realmente queremos”, por lo cual “la Argentina, que vivió algunas manifestaciones de la impunidad de gran gravedad para nuestra historia en estos últimos 30, 40 años, fue unos de sus primeros promotores”.

“Pusimos figuras que se comprometieron con el surgimiento del acuerdo que llevó a la creación de la CPI y en particular para se pudiera suscribir el Estatuto de Roma (como Luis Moreno Ocampo, primer fiscal del cuerpo)”, dijo.

Recordó que la Argentina ratificó el acuerdo “tres años después de su adopción y a poco de su vigencia, y en el 2017 tomamos una decisión importante cuando firmamos las enmiendas de Kampala”, donde se definió, entre otros temas, el delito de agresión.

Faurie apuntó que “lo que quiere esta reunión es crear o reproducir la idea de que necesitamos fortalecer la CPI; primero, para que tenga una verdadera universalidad en su jurisdicción, y sobre todo la necesidad de que todos los estados miembros de la CPI se comprometan a cumplir con sus competencias y cooperen para que se puedan cumplir sus objetivos”.

Por su parte, Garavano indicó: “Todavía faltan muchos países importantes” que ratifiquen el Estatuto de Roma, cuya aprobación calificó como “un paso de la humanidad hacia adelante en defensa de los derechos humanos, combatir la impunidad y para defender a los más débiles, a los más vulnerables, a quienes no tenían posibilidades en sus propios países de hacer frente a situaciones realmente atroces”

“Los argentinos hemos aprendido de lo que hemos sufrido en nuestro país, y por eso creo que este tema ha sido una política de Estado más allá de los distintos gobiernos que han pasado desde la participación, cuando se discutió el Estatuto, cuando se aprobó, cuando se adhirió rápidamente”, dijo el ministro de Justicia.
Opinó que “es importante aprender de la experiencia de estos años”, y, tras evaluar que “el sistema procesal que ha adoptado la CPI también tiene que ser una referencia”, resaltó que “desde el Estado Argentino estamos avanzado para ir hacia un sistema acusatorio a nivel federal, que permita en definitiva combatir la impunidad y hacer frente a los desafíos que le reclama la población”.

Garavano reseñó los trabajos conjuntos y el aprendizaje que eso significa en estos dos últimos años, los cuales “nosotros pretendemos continuar y fortalecer”, para que le permita a la Argentina “y también al resto de la región, mejorar la eficacia de sus propios sistemas judiciales, a fin de combatir sobre todo la criminalidad compleja”.

El Estatuto de Roma, aprobado en la capital italiana el 17 de julio de 1998 durante la "Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional", es el instrumento constitutivo de la CPI, en cuyos objetivos centrales figura llevar justicia a las víctimas, castigar a los perpetradores y contribuir a garantizar sociedades más estables y pacíficas.

Asistieron al acto la actual Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda; el director de la División de Enjuiciamiento y Apelaciones de la Fiscalía de la CPI, Fabricio Guariglia, y la ex presidenta de la CPI, la argentina Silvia Fernández de Gurmendi, quien fue la primer mujer en presidir el cuerpo. También concurrieron el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj; la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, el juez federal Daniel Rafecas, diputados nacionales, jueces de diferentes fueros, fiscales y representantes del cuerpo diplomático acreditado en la Argentina.


La Argentina apoyó al organismo, desde su inicio

El ministro de Justicia de la Nación Germán Garavano resaltó hoy que la Argentina es “el país que más convenios ha firmado con la Corte Penal Internacional (CPI) para darle colaboración como Estado”, lo cual “marca el compromiso de nuestro país con la defensa de los derechos humanos y el combate contra la impunidad”. “La Argentina ha tenido siempre una presencia muy fuerte en todo este sistema de la Corte Penal Internacional, establecida a través del Estatuto de Roma, y que marca el compromiso de nuestro país con los derechos humanos, con el combate contra la impunidad y con este proceso de que la humanidad tiene que avanzar para dejar atrás todo lo que han sido las grandes tragedias de la historia”, dijo.

Garavano formuló declaraciones a Télam luego de encabezar con el canciller Faurie la apertura de una conferencia con motivo del 20o. aniversario del Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional y reglamentó su funcionamiento.

Recordó el ministro que la Argentina ratificó a fines del 2016 la revisión del Estatuto de Roma, realizada seis años antes y conocida como la enmienda de Kampala, por la ciudad de Uganda donde se celebró la reunión, y por la cual se definió el crimen de agresión. “Esta enmienda era muy importante, porque era un tema que estaba pendiente y que permitió que la CPI avanzara sobre delitos sobre los que antes no tenía jurisdicción, sobre todo cuando se trata de ataques a población civil”, explicó Garavano.

Agregó que el país suscribió cuatro convenios de colaboración con la CPI en los últimos dos años, que son de protección de testigos, cooperación sobre libertad provisional, libertad de personas y ejecución de sentencias.

El ministro señaló que con la firma de estos convenios “que nos enorgullece, esperamos que se hayan sentado las bases para que la iniciativa se extienda entre las demás naciones como herramienta para un sistema de justicia penal internacional más eficiente”.

La Argentina “está muy bien considerada dentro de la CPI, la presidenta hasta hace unos días era una argentina, una diplomática, Silvia Fernández Gurmendi, y actualmente uno de los fiscales internos dentro de la fiscalía general ante la Corte es también un argentino, Fabricio Guariglia, y antes trabajó Luis Moreno Ocampo, quien fue el primer fiscal”.

 
 
 
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