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20/03/2015

Procesados no indagables y tardías faltas de mérito son parte de la estrategia 

OPINIÓN: A 39 años del golpe, los viejos cómplices civiles ejecutan su plan sistemático de impunidad

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    A pesar de los inéditos avances argentinos en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad, la complicidad civil sigue siendo una asignatura ardua y pendiente
OSCAR TAFFETANI
El reputado jurista sudafricano Richard Goldstone, contratado por Carlos Blaquier para actuar como amicus curiae en la causa que lo tiene procesado al empresario por los secuestros y desapariciones de la Noche del Apagón, no tenía por qué saber que el petit hotel de Azcuénaga 1673, en Buenos Aires, en donde fijó domicilio legal para su gestión jurídica, es la misma casa que fuera propiedad de Carlos Blaquier y donde a partir de 1973 se reunían buena parte de los civiles golpistas que desde el 24 de marzo de 1976 pasarían a ocupar cargos en el gobierno inconstitucional y genocida encabezado por Jorge Rafael Videla.

Los familiares de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, delegados de La Nueva Provincia que fueron secuestrados y asesinados tres meses después del golpe del 24 de marzo de 1976, no tienen por qué saber que (acaso como una burla o un desprecio adicional) la casa de Azcuénaga 1673 de la Capital Federal en donde se tramó el golpe de Estado genocida, fue adquirida por Alejandro Massot, hermano de Vicente Massot, que está acusado de ser coautor  del crimen de los citados obreros gráficos y colaborador activo del terrorismo de Estado en Bahía Blanca, desde los tiempos en que la versión local de la Triple A y el comando del V Cuerpo de Ejército, en manos del general Adel Vilas, iniciaron su tarea de exterminio.

En la “falta de mérito” a Blaquier dictada por la Sala IV de la Cámara de Casación a un año y tres meses del procesamiento, se da por probado que la empresa Ledesma aportó vehículos al Ejército y la Gendarmería para secuestrar personas en la Noche del Apagón y en "noches" anteriores. Sin embargo, para los camaristas Hornos, Gemignani y Righi, no se infiere de ello que el dueño y el administrador del ingenio (es decir, Blaquier y Lemos) hayan conocido los fines para los que esos vehículos se usaron  (!) , y por eso decretaron (en un fallo que no tiene precedentes en la historia del cuerpo), la falta de mérito.

“Blaquier –parece decir el fallo- queda usted liberado de todo compromiso. Es probable que haya apelaciones, pero ya no se lo volverá a molestar, se lo aseguramos. Puede usted morir en paz…”

En la falta de mérito dictada contra reloj (y por un juez ad hoc) a Vicente Massot, el magistrado (un abogado de la matrícula bahiense, llamado Claudio Pontet) consideró que no fue probada en la acusación “la vinculación de Vicente Massot con el aparato estatal genocida” …

Cabe acotar que si algo está probado en la minuciosa instrucción realizada por los fiscales Nebbia y Palazzani, eso es la vinculación de Massot con los mandos militares en Bahía Blanca –por Massot mismo reconocida—durante el terrorismo de Estado, sin hablar de su presencia física en los talleres del diario (donde enfrentó a los luego asesinados Heinrich y Loyola) y su presencia intelectual en las notas editoriales, que como mínimo representaban una apología del delito de lesa humanidad.

Pero hay algo más: en su apelación del fallo de Pontet, los fiscales observan que el juez ad hoc supuestamente “leyó”, “analizó” y “ponderó” las casi 60.000 fojas del expediente y las causas conexas, redactando una resolución de 331 páginas, en apenas 37 horas transcurridas desde que recibió las carpetas hasta que falló.

Increíble velocidad para un hacendado “twittero” que alterna la atención de sus campos en Puán con los viajes turísticos al exterior y con sus correspondientes “selfies” en las redes sociales.  Podríamos malpensar que su colega en la matrícula bahiense Rubén Diskin  (otro abogado y hacendado, que es el defensor de Vicente Massot) lo ayudó a leer tan farragoso expediente y a dictar en tan pocas horas su extensa resolución.

Es como si el juez hubiera dicho: “Intenté que me recusaran mediante los tuits, Rubén, pero luego entendí que era mejor aceptar la causa y fallar rápidamente, para ahorrarle un dolor de cabeza a mis amigos...”

Así están las cosas entre Jujuy y Bahía Blanca. O entre Blaquier y Massot. Con un punto ineludible de convergencia que es el petit hotel de la calle Azcuénaga, en Buenos Aires, allí donde alguna vez un grupo de civiles aportó ideas e incluso un programa para el golpe militar en marcha; y se integró luego al gobierno de facto, para medrar por sus intereses; y elaboró y ejecutó, finalmente, un plan sistemático de impunidad, por si acaso la Justicia argentina, finalmente, lograba juzgar algún día aquellos delitos de lesa humanidad cometidos en el tiempo más oscuro de la Argentina.    


Refugio (y cementerio) de dinosaurios

La Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas que funciona en un palacete de la avenida Alvear 1711, en la Capital Federal, es otro punto de encuentro para varios acusados de cometer delitos de lesa humanidad.

Entre sus miembros de número se cuentan el citado Carlos Pedro Blaquier (sitial “Nicolás Matienzo”), el citado Vicente Gonzalo Massot (sitial “Fray Justo Santa María de Oro”), el abogado defensor de genocidas Alberto Rodríguez Varela (sitial “Pedro Eugenio Aramburu”) y el arzobispo de La Plata Héctor Rubén Aguer (sitial “Angel Gallardo).

Uno de sus académicos correspondientes, por Salta, es el camarista Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, quien firmó una solicitada de apoyo a su cofrade Carlos Pedro Blaquier, cuando el juicio por el Apagón amenazaba con llevarlo al banquillo.

También tiene la ANCMyP una nómina de miembros fallecidos, entre los que sobresalen los almirantes Isaac Rojas y Carlos Sánchez Sañudo (quienes en vida presidieron la Comisión de Afirmación de la Revolución Libertadora, otra dudosa institución, beneficiada con subsidios del Estado).

Un fallecido que viene a cuenta de esta nota es el general de brigada Hugo Mario Miatello, quien pudo departir sobre grandes y pequeños temas nacionales apoltronado en un sitial de la Academia.

Miatello –leemos en el obituario del diario La Nación-  “había nacido en Mercedes, provincia de Buenos Aires, y combinó durante su prolongada vida pública una reconocida carrera académica, con cargos de relevancia dentro del Ejército y de distintos gobiernos militares, desde 1955 hasta 1981”.

“Con la asunción de Héctor J. Cámpora como presidente en 1973 –sigue el obituario-  Miatello pidió su pase a retiro del Ejército y dejó momentáneamente la actividad oficial.  Sin embargo, en los últimos meses del gobierno de María Estela Martínez de Perón, Miatello se convirtió en uno de los nexos entre el poder militar y el civil durante la gestación del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976”.

Sí, claro. El general Miatello, como jefe de la SIDE entre 1971 y 1973, y como asiduo concurrente a las reuniones del Grupo Azcuénaga, a partir de ese año, fue –como dice su obituario- “uno de los nexos entre el poder militar y civil durante la gestación del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976”.

¿Lo habrá visto Blaquier, alguna vez, en su casa, mientras se preparaba el golpe?  Porque podría haber ocurrido  -siguiendo la duda de Casación al dictar la falta de mérito sobre los hechos del Apagón-  que Blaquier no estuviera al tanto de la gente que se reunía en su casa para planificar un golpe, allá por 1973…

Con sus miembros activos, sus eméritos y sus fallecidos, la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas sigue siendo un puntal en la ejecución del Plan Sistemático de Impunidad.

Aproximación a los no-indagables

El pasado 12 de marzo el juez federal Julián Ercolini rechazó el pedido de indagatoria a directivos de Clarín y La Nación y a ex funcionarios del Estado, en la causa que investiga la apropiación ilegal, en el contexto del terrorismo de Estado, de la empresa Papel Prensa.

Lo hizo –citamos sus palabras- “en el entendimiento de que hasta el momento no existe en esta causa motivo bastante para sospechar que los denunciados han participado en la comisión de los delitos que se les atribuyen”. A la vez, Ercolini recordó en su resolución “que los hechos denunciados se encuentran pendientes de corroboración fáctica” (aludiendo a pericias pendientes sobre la valuación de la empresa al momento de su supuesta compra a quienes eran titulares de su paquete accionario (en particular, la viuda del empresario David Graiver, Lidia Papaleo, y el vicepresidente, Rafael Iánover).

La viuda de Graiver, según su testimonio en el juicio y según el relato que repite a través de los medios que se lo permiten, habría sido amenazada de muerte por el contador Magnetto en persona, en una reunión realizada en la sede del diario La Nación, y cuando toda la familia de Graiver y los socios de Papel Prensa estaban en calidad de desaparecidos y eran torturados en el Pozo de Banfield y en otros CCD. En ese contexto, Magnetto le habría dicho a Lidia Papaleo: “Firme, o le costará la vida de su hija y la suya”.

Acaso el solo testimonio de LP –en una causa en donde hay torturados, muertos y hasta desaparecidos- debería servir para solicitar, al menos, alguna forma de careo entre la testigo-víctima y el supuesto victimario. Pero no. Para el juez Ercolini, tantas fojas con sufrimiento y muerte acumulados, no son suficientes.

En una entrevista reciente, un nonagenario Rafael Iánover se permitió reírse de la necesidad de una “pericia” para determinar que el precio de venta de la empresa fue “vil”.

"Está probado a simple vista –dijo- que el valor pagado por el paquete accionario vendido en 1976 fue a un precio vil por una razón muy especial, y es que se pagaron nada más que 8,3 millones de dólares. Solamente la máquina principal de Papel Prensa, que es de 100 metros de largo, automatizada, importada de Finlandia, costó 6 millones de dólares, por lo que todas las instalaciones de la fábrica no podían valer menos de varios centenares de millones de dólares".

El fiscal Leonel Gómez Barbella, que instruye la causa, podrá apelar el fallo de Ercolini ante la Cámara mediante un recurso directo, pero por lo pronto, la indagatoria de los no-indagables sigue siendo una esquiva posibilidad, en un proceso que no escapa a la “impunidad biológica” de la que ha hecho mención el Dr. Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Otros fallos absolutorios del plan sistemático de impunidad se han conocido por estas horas, entre ellos la falta de mérito para el directivo de Editorial Atlántida Agustín Botinelli, autor de una “entrevista” publicada por la revista Para Ti a la “madre de un subversivo muerto”, quien era en realidad la detenida desaparecida Thelma Jara de Cabezas, cautiva en la ESMA.

Adujo el imputado desconocimiento de esa situación. Aunque bastaría hacer una lectura atenta de las publicaciones semanales de la editorial Atlántida, en los años del terrorismo de Estado, para ver que los editores de los distintos productos no eran inocentes sobre los contenidos ni sobre el contexto en que se producían ciertos “reportajes” y “entrevistas”.

De cualquier modo, queda claro que si una condición es común a las distintas “faltas de mérito” dictadas en causas por delitos de lesa humanidad en los últimos días, ésa es que se trata de civiles. Civiles empresarios, civiles funcionarios, civiles periodistas y así.

En vísperas de un nuevo 24 de marzo, cuando buena parte de los medios y la opinión pública del país se encuentran atrapados por el “Nisman Show”, no está mal advertir que se encuentra en plena ejecución eso que no sin tristeza ni rabia llamamos plan sistemático de impunidad.  


 
 
 
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