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11/09/2017

Se trata de Castillo y Pomares, que eludieron por cuatro décadas a la justicia 

Piden perpetua para dos parapoliciales de la CNU, por crímenes cometidos antes y después del golpe

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Pomares y Castillo fueron juzgados antes por delitos comunes. Ahora le tocó el turno a los de lesa humanidad
La Unidad Fiscal Federal de La Plata pidió hoy que se condene a prisión perpetua a dos civiles que integraban la organización parapolicial Concentración Nacional Universitaria (CNU), que son juzgados en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata por secuestros y homicidios cometidos antes y después del golpe del 24/3/76. Se trata de Carlos "el indio" Castillo y de Juan José "Pipi" Pomares, quienes se encuentran detenidos desde hace seis años y son juzgados por el TOF 1 de La Plata, integrado por los jueces subrogantes Pablo Vega, Alejandro Daniel Smoris y Germán Castelli. Éste es el primer juicio que aborda en La Plata delitos de lesa humanidad cometidos antes del golpe de Estado, aunque también comprende algunos consumados después de esa fecha.

El fiscal federal Juan Martín Nogueira pidió hoy que Castillo sea condenado a prisión perpetua como autor material de homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso de dos o más personas en cuatro oportunidades, privación ilegal de la libertad en siete oportunidades y aplicación de tormentos agravados, en 4 oportunidades en concurso real con delitos contra derechos de gentes y de lesa humanidad".

"En el caso de Pomares, pedimos se lo condene a prisión perpetua como coautor material de los delitos homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso de dos o mas personas, en 2 oportunidades, con privación ilegal de la libertad en 2 oportunidades y ser partícipe necesario de la aplicación de tormentos en 4 oportunidades, en concurso real con delitos contra el derecho de gentes y de lesa humanidad", sostuvo Nogueira.

En su alegato, que se extendió más de 6 horas, Nogueira realizó un detallado recorrido histórico sobre los años 70 y se detuvo en el decreto de 1974 que dispuso el estado de sitio y en los tres decretos del año 1975, firmados por el entonces presidente Ítalo Luder, que "ampliaban la lucha contra la subversión", que creaban un Consejo de Seguridad Interna y que facultaban a las Fuerzas Armadas a ejecutar operaciones "para aniquilar el accionar de elementos subversivos en todo el territorio del país".

El fiscal aseguró que los crímenes y secuestros que se les imputan fueron cometidos "con anuencia del Estado" y que los grupo paraestatales, como la CNU, fueron "la antesala de la implementación del plan sistemático de la represión ilegal desplegado desde el Estado a partir de 1976 y que también se caracterizó por su ejecución sistemática y organizada". "El propio Estado permitió esta práctica generalizada de grave violación de los derechos humanos (...) la violencia ejercida desde el Estado fue irracional, ilegal e ilegítima", destacó.

Para Nogueira, la CNU actuó bajo el amparo estatal por lo que tanto Castillo como Pomares incurrieron en crímenes contra el derecho de gentes y delitos de lesa humanidad.

Según dispuso el TOF 1, los alegatos continuarán el próximo 25 de septiembre, cuando se oirá el alegato de tres querellas.

Castillo y Pomares son juzgados por el secuestro y homicidio de Carlos Antonio Domínguez, por entonces secretario general del gremio del Turf en La Plata, quien fue secuestrado el 12 de febrero de 1976, y apareció muerto con 40 disparos camino a la localidad de Magadalena, al sur de la capital bonaerense.

Los imputados también habían secuestrado a Roberto Fiandor, un vocal de la comisión directiva del gremio, quien se salvó de ser asesinado porque logró forzar la traba del baúl del auto en el que eran trasladados y se arrojó al asfalto, logrando huir.

Otros de los hechos que llegarán a juicio ocurrieron el 19 de abril de 1976, cuando los integrantes de la CNU protagonizaron un verdadero raid por diferentes puntos de la ciudad para secuestrar a tres trabajadores, entre ellos Leonardo Miceli, cuyo cuerpo apareció flotando en el arroyo Sarandí, de Avellaneda.

Pocos días antes de aquellos asesinatos, entre la noche del 3 de abril y la madrugada del 4, la banda de la CNU concretó los secuestros de Néstor Hugo Dinotto y de Graciela Herminia Martini, junto a otra pareja que logró sobrevivir (ya que al parecer conocían a sus captores y se comprometieron a no hablar). Todos fueron interceptados cuando viajaban en un auto por la localidad de Villa Elisa, al norte de La Plata.

Las parejas fueron llevadas a una zona rural posiblemente cercana a Punta Lara, al este de La Plata y muy cerca del Río de La Plata, donde sufrieron torturas y amenazas.

Una de las parejas fue liberada después de un simulacro de fusilamiento, en las calles 2 y 32, de La Plata; mientras que Dinotto y Martini "aparecieron asesinados al día siguiente en la calle 11 del Barrio Los Porteños de City Bell, con numerosos impactos de proyectiles, disparados desde al menos tres armas de fuego calibres .12, .11.25 y .9 mm", según el expediente.


 
 
 
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