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01/12/2015

Sostiene que integraron un "grupo de tareas" como un oficial penitenciario 

Chaco: La Fiscalía recurrió a Casación para que revoque el desprocesamiento de dos ex magistrados

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    El oficial penitenciario César Pablo Casco retratado por Alejandro Gallardo.
La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia solicitó a la Cámara Federal de Casación Penal que revoque la decisión de la Cámara Federal de Resistencia que desprocesó a dos ex jueces y un agente penitenciario acusados de cometer delitos de lesa humanidad. Luis Córdoba, Roberto Mazzoni y César Casco fueron durante la dictadura juez, fiscal y oficial penitenciario, respectivamente, e integraron junto a militares y policías una "asociación ilícita", un "grupo de tareas" dedicado a la represión terrorista de estado, sostuvieron en su recurso los fiscales Patricio Sabadini, Carlos Amad y Diego Vigay.

"El acuerdo dado por Córdoba y Mazzoni, fue el punto de partida y la garantía para que el plan clandestino se desarrollara, por lo menos, en la forma tan brutal e impune en que se llevó a cabo en la región", agregaron los integrantes de la Unidad de Derechos Humanos, informó hoy el sitio fiscales.gob.ar.

Los tres imputados, que esperan juicio oral también por otros crímenes, habían sido procesados por asociación ilícita en junio pasado por el juez federal Rubén Skidelsky.

Al resolver el procesamiento, en línea con la postura de los fiscales, el juez señaló que "el método implementado por Luis Ángel Córdoba y Roberto Domingo Mazzoni, en la llamada 'lucha antisubversiva', era 'no hacer', no iniciar investigaciones, no atribuir ningún delito a ningún funcionario militar o policial, no citar a declarar a nadie que pudiera dar datos para individualizar a los responsables".

En consecuencia, "los represores conocían que podían actuar sin preocupaciones, ya que desde la magistratura de la justicia federal de Resistencia le aseguraban una 'zona liberada' jurisdiccional".

Sobre el oficial penitenciario imputado en el plan criminal, Skidelsky afirmó que "los pabellones (de la Unidad Penal Federal 7) fueron acondicionados específicamente para detenidos por razones políticas", quienes "sufrieron todo tipo de vejámenes y severidades por parte del personal penitenciario, en especial la denominada 'guardia dura o la guardia de Casco', la que se movía bajo las órdenes del oficial Pablo César Casco".

Por su parte, la Cámara Federal de Resistencia revocó el procesamiento y respecto de Mazzoni y Córdoba argumentó que "no se puede afirmar que el Poder Judicial haya integrado 'como organismo' el mentado acuerdo criminal, pues tal aserto no se desprende del Plan de Ejército o de las Directivas del Ejército vinculadas a la denominada 'lucha antisubversiva', ni de otras fuentes".

En su recurso de casación, los fiscales replicaron que en la asociación ilícita actuaron los imputados pero no todos los miembros del Poder Judicial ni de otros organismos del Estado.

"Ha sido un grupo determinado de personas, integrantes del Ejército y de otras fuerzas, quienes formaban parte del grupo de tareas (asociación ilícita), grupo que también era integrado (en lo que aquí interesa) por algunos componentes de la época pertenecientes al Poder Judicial", sostuvieron.

"Fueron algunos de sus miembros –Mazzoni y Córdoba en este caso- quienes sí decidieron formar parte de ese acuerdo", puntualizaron.

 
 
 
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