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18/05/2018

Por su parte, familiares pidieron que se mande a detener a cinco "Albatros" 

Caso Rafael Nahuel: Piden recusar a jueces de Casación y anular sentencia a Jones Huala y a González

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Jones Huala y Lautaro González al momento de ser liberados. Luego la Cámara revocaría esa excarcelación
La defensa de Fausto Jones Huala y Lautaro González, imputados por resistencia a la autoridad en el caso de la muerte de Rafael Nahuel, baleado en un operativo de Prefectura el año pasado en Villa Mascardi, pidió la recusación de los jueces de la Cámara de Casación Eduardo Riggi y Lliliana Catucci, además de anular su sentencia revocatoria de excarcelación de los jóvenes mapuches. Asimismo, los padres de Rafael Nahuel presentaron ayer un escrito al juez federal subrogante Gustavo Villanueva para que cite a indagatoria y detenga a cinco integrantes del grupo Albatros sospechados de haber disparado contra el joven mapuche, informaron fuentes del caso.

Jones Huala –hermano de Facundo, lonko de la comunidad Resistencia Cushamen- y González habían sido detenidos el 25 de noviembre pasado cuando llevaron a Nahuel gravemente herido para su atención, y liberados cuatro días después por el juez federal Gustavo Villanueva.

El martes, la Sala III de la Cámara de Casación Penal revocó la excarcelación y ordenó a Villanueva la detención de los imputados, por lo que su defensora, Sonia Ivanoff, presentó recursos pidiendo la nulidad de esa sentencia y recusando a los jueces que la emitieron. Fundó la nulidad en la "falta de deliberación" del tribunal, la ausencia de Riggi –quien votó pero no firmó por encontrarse de licencia- y la ausencia del fiscal general Mario Sabas Herrera en la audiencia del 2 de mayo, por lo que debió darse "por desistido" su pedido de revocación de la excarcelación.

En cuanto a la recusación de los jueces, Ivanoff argumentó que muestran "imparcialidad manifiesta" y que la sentencia tiene "un claro sesgo de discriminación por pertenencia étnica", al considerar agravante la pertenencia de los acusados al Movimiento Mapuche Autónomo y los considera en "estado de beligerancia".

La defensora dijo que eso "sólo existe en la construcción imaginaria de un enemigo social interno" y que no tiene sustento jurídico ni fáctico alguno, como tampoco "hay prueba alguna" en la causa en la que están procesados de que hayan enfrentado armados a efectivos de Prefectura.

Asimismo aseguró que el fallo viola el artículo 18, el principio de congruencia y de defensa en juicio de la Constitución Nacional, porque "no hay relación entre la sentencia y los hechos imputados", y que omite "asignar valor jurídico a la pertenencia étnica y cultural" al pueblo mapuche. También cuestionó que Casación aluda al delito de "atentados al orden constitucional y a la vida democrática", vigentes para castigar "asonadas militares", en este caso usados "para escarmentar a un grupo étnico con reclamos de tierra no resueltos".

Piden al juez Villanueva que mande detener a cinco "Albatros"

Los padres de Rafael Nahuel, muerto por un disparo en un operativo de Prefectura en Villa Mascardi, presentaron ayer jueves un escrito al juez federal subrogante Gustavo Villanueva para que cite a indagatoria y detenga a cinco integrantes del grupo Albatros sospechados de haber disparado contra el joven mapuche, informaron fuentes del caso.

Graciela Salvo y Alejandro Nahuel, querellantes en la causa, presentaron el pedido contra cinco de los ocho miembros de los Albatros que participaron y dispararon sus armas en el operativo del 25 de noviembre del año pasado, en inmediaciones de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, desalojada por orden de Villanueva dos días antes, en el que murió su hijo.

Afirmaron que esos cinco uniformados son señalados porque los cargadores de sus armas reglamentarias "se encontraron vacíos" luego del procedimiento, como indican las pericias judiciales realizadas.

La investigación está a cargo de la fiscal federal Sylvia Little.

La comunidad mapuche fue desalojada el 23 de noviembre y en el lugar Villanueva dejó una custodia a cargo de Prefectura, que fue la que se enfrentó a un grupo de mapuches que estaban en cercanías del predio denunciado como usurpado por Parques Nacionales.

 
 
 
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