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18/04/2018

La fiscalía debe resolver ahora si presentará recurso de queja ante la Corte 

Casación ratificó el beneficio de la prisión domiciliaria para el represor Luis Abelardo Patti

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Para fiscalías y querellas, Patti "es un gran simulador"
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el arresto domiciliario de Luis Abelardo Patti al rechazar por mayoría el recurso extraordinario interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra el otorgamiento de ese beneficio al represor dos veces condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. La Sala I de la Casación, con el voto de los jueces Liliana Catucci, Carlos Mahiques y la disidencia de Gustavo Hornos, rechazó ayer el recurso extraordinario con el cual el Ministerio Público Fiscal pidió llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, informaron hoy a Télam fuentes de la causa.

Con la misma composición, el 28 de febrero último la Sala I había rechazado el recurso de casación del Ministerio Público Fiscal contra sendas resoluciones de jueces federales de Rosario y de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, que el año pasado beneficiaron a Patti con la prisión domiciliaria.

Después del rechazo del recurso extraordinario, la fiscalía de la casación debe resolver si presenta o no un recurso de queja ante la Corte.

Desde septiembre de 2017, Patti cumple arresto domiciliario en su casa del country "Septiembre", en el partido bonaerense de Escobar, donde operó como represor de la Policía bonaerense durante buena parte de la última dictadura y años después, en los '90, fue intendente electo.

Antes de su traslado a la casa del country, estaba alojado en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza, condenado a perpetua por dos causas, una por los secuestros y homicidios de Gastón Gonçalves y Diego Muñiz Barreto, cometidos en 1977, y otra por la ejecución de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi en 1983.

Las resoluciones de tribunales de San Martín y de Rosario que beneficiaron a Patti con el arresto domiciliario causaron en 2017 el repudio de organismos de derechos humanos y de familiares de las víctimas de delitos del terrorismo de Estado por los que fue condenado Patti, quien en la actualidad tiene 67 años.

El argumento por el cual le otorgó ese beneficio el juez federal de Rosario Omar Paulucci fue que el represor padecía desde años una discapacidad que, dentro de una cárcel, implicaba condiciones degradantes e inhumanas.

No obstante, en esa apoca, Patti se hallaba detenido en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza con asistencia médica permanente. Además, ningún informe del Cuerpo Médico Forense indicó -ni en la causa de Rosario ni en la de San Martín- que debiese cumplir las condenas a perpetua en su casa.

Para fiscalías y querellas, Patti "es un gran simulador", sin dolencias que requieran algún tipo de internación que exceda las capacidades del Hospital Penitenciario de Ezeiza, ni, mucho menos, el beneficio de la prisión domiciliaria.

“Los jueces no tuvieron en cuenta que acá hay consenso entre el Cuerpo Médico Forense y los peritos de parte: Patti no tiene ningún tipo de afectación para estar internado como dice el reclamo de su defensor, de hecho estaba en el Hospital Penitenciario de Ezeiza cuando en realidad no tenía una dolencia para estar ni siquiera en ese hospital", señaló en ese momento la neuróloga Silvia Kochen, quien intervino en la causa como perito ad honorem de parte del Ministerio Público Fiscal.

Directora de la Unidad Ejecutora de Neurociencias del Conicet y docente de Neurología de la Facultad de Medicina de la UBA, Kochen consideró entonces que "lo más grave" fue que "tanto el juez de San Martín como el de Rosario no tomaron en cuenta los consensos y atribuyen razones de salud inexistentes para otorgar la domiciliaria".

Por su parte, el fiscal general de la unidad de crímenes de lesa humanidad de Rosario, Adolfo Villate, recurrió en octubre de 2017 ante la Casación la resolución del juez de Rosario que otorgó la prisión domiciliaria a Patti, por considerarla "nula y arbitraria". En su recurso -rechazado el 22 de febrero último por la Sala I de la Casación-, Villate dijo la resolución fue adoptada "en violación al debido proceso", ya que la fiscalía "no pudo controlar el peritaje realizado por un médico de la Cámara de Apelaciones de Rosario".

 
 
 
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