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21/09/2017

Examinará documentación y testimonios de 1.400 asesinatos y 486 desapariciones 

Bolivia: Muy tarde comienza a actuar la denominada "Comisión de la Verdad", investigando crímenes

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Teodoro Barrientos, integrante de la Comisión de la Verdad que por fin comenzará a funcionar
Muchos años después de la finalización de las dictaduras y con bastante demora desde que se tomó la decisión política de hacerlo, Bolivia conformó una Comisión de la Verdad que investigará las violaciones de derechos humanos durante los regímenes de facto que gobernaron entre 1964 y 1982, iniciativa que el oficialismo celebra y las organizaciones humanitarias consideran tardía. El flamante cuerpo, presentado hace tres semanas, está integrado por cinco dirigentes elegidos por el gobierno y tendrá como tarea elaborar, en dos años, una memoria histórica y un informe final que entregará al Ejecutivo, a la justicia y a la Asamblea Plurinacional, que es el legislativo boliviano.

"El gobierno eligió a quienes, cree, pueden garantizar la transparencia de la investigación; será una tarea larga, pero vamos a asumir la carga", señaló a Télam el dirigente campesino Teodoro Barrientos, uno de los miembros de la flamante Comisión.

El cuerpo está encabezado por la ex ministra Nila Heredia, y lo completan, además de Barrientos, el ex sindicalista Édgar Ramírez, el abogado y ex asesor presidencial Eusebio Gironda y la activista Isabel Viscarra. Los cinco ya juraron el cargo ante el presidente Evo Morales.

La Comisión contará, según se anunció, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, que crearon un equipo de apoyo para facilitar el acceso a la documentación y habilitará los testimonios del considerado "personal pasivo" que tuvo actuación en aquellos años.

Según estimaciones extraoficiales, las dictaduras militares en Bolivia asesinaron a cerca de 1.400 personas, desaparecieron a 486 y obligaron al exilio a 2.469. Las cifras surgen de un relevamiento del sacerdote jesuita Federico Aguiló, citado por las autoridades.

Dos casos se consideran emblemáticos en el país: el del jesuita español Luis Espinal, secuestrado, torturado y asesinado por paramilitares meses antes del golpe de Luis García Meza (1980), y el del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien como diputado inició el juicio de responsabilidades contra el ex dictador Hugo Banzer (1971-78) y fue asesinado durante la dictadura de García Meza. Su cuerpo está todavía desaparecido.

"Se crea la Comisión de la Verdad para esclarecer los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual entendida como violencia y violaciones graves de derechos humanos fundados en motivos políticos e ideológicos", señala la disposición gubernamental.

En los 70, buena parte del accionar de las dictaduras en Bolivia se enmarcó en el llamado Plan Cóndor, que coordinó el accionar represivo en el Cono Sur. El periodo que analizará la comisión incluye los gobiernos de René Barrientos, Luis Siles Salinas, Alfredo Ovando, Juan José Torres, Banzer, García Meza y los varios mandatarios de breves gestiones de facto hasta la restauración democrática de 1982.

Bolivia es de los países de la región que menos avances logró en el debate acerca de lo ocurrido durante las dictaduras, y en marzo del 2015 varias organizaciones humanitarias llevaron este planteo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, en reclamo de la búsqueda de verdad, justicia y reparación por las violaciones.

Esa iniciativa correspondió a la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación (Asofand), el Movimiento de Mujeres Libertad, la Plataforma Luchadores Sociales, la Unión de Víctimas de Violencia Política, Amnistía Internacional y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

El reclamo había impulsado antes, en marzo de 2012, la instalación de una carpa de vigilia frente a la sede del Ministerio de Justicia por parte de la Plataforma de Luchadores Sociales contra la Impunidad por la Justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano.

"No solo no obtuvimos ninguna respuesta del gobierno, sino que fuimos reprimidos violentamente en varias oportunidades", explicó a Télam Julio Llanos, titular de esa organización, que se quejó porque desde la aprobación legislativa, en diciembre del 2016, Morales "demoró ocho meses en nombrar a los cinco miembros de la Comisión, todos militantes y afines a su partido en función de gobierno, hecho que le quita la imparcialidad".

Aunque Llanos admitió que la organización tiene "mucha susceptibilidad" respecto a la Comisión de la Verdad, entregará toda la documentación que pueda aportar.

"Sobre  la reparación integral, la indemnización y el resarcimiento, a pesar de que las víctimas nunca lucharon para obtener alguna recompensa, existen disposiciones constitucionales y legales que salvaguardan nuestros derechos", alertó Llanos.

Desde la comisión, en tanto, Barrientos prometió "un trabajo responsable" que también sirva "para que esto nunca más vuelva a ocurrir en Bolivia". Atribuyó además las demoras a "problemas políticos" que enfrentó el Ejecutivo.

"No vamos a reemplazar a la justicia. Entregaremos el informe, y las demás instancias resolverán qué hacer. Habrá aportes, porque las Fuerzas Armadas van a darnos información y hay muchos testigos que ya adelantaron que quieren declarar", reseñó.

 
 
 
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