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09/10/2014

La querella le pidio que el juez que se proteja la integridad de las víctimas  

Área Paraná: Las preguntas del autodefendido capitán Appiani revictimizan a testigos

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Appiani camino al juzgado, donde jugará el doble papel de acusado e interrogador
Representantes de la querella en el juicio de lesa humanidad por la causa Área Paraná en Entre Ríos señalaron que "el método de interrogación al que son sometidos los testigos resulta incordioso" y reclamaron que el magistrado que instruye en el proceso, Germán Ríos, adopte medidas para "proteger la integridad de las víctimas". "Creemos que el tono de las preguntas y la manera en la cual son formuladas contribuyen a revictimizar a los testigos, que sufrieron torturas y secuestros", explicó a Télam Lucía Tejera, abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que representa a los querellantes en este juicio.

En este proceso se investigan secuestros y torturas en centros clandestinos de detención a 52 personas, cinco de las cuales permanecen desaparecidas: Claudio Fink, Victorio Erbetta, Carlos Fernández, Juan Alberto Osuna y Pedro Sobko.

Este juicio se tramita en base al código de 1.888, que establece que los procedimientos deben ser escritos, y recién en esta etapa Ríos autorizó que se realicen audiencias orales y públicas, si bien en base a una figura denominada "absolución de posiciones". Por este mecanismo, las partes transmiten las preguntas al juez, que luego se las traslada a los declarantes, quienes deben responder de forma afirmativa o negativa ante cada requerimiento.

La queja de los querellantes se sustancia en que uno de los acusados, el capítán auditor retirado y abogado Jorge Humberto Appiani, está ejerciendo su propia defensa y elabora los cuestionarios a los que son sometidos los testigos.

Esta semana declaró como testigo Eduardo Ayala, quien en los años setenta fue secuestrado, sometido a tormentos y puesto a disposición de un Consejo de Guerra. Appiani le preguntó a Ayala, por intermedio del juez, "si pertenecía a la organización paramilitar Montoneros" ó "si suministró información sobre ese grupo sin ser sometido a tormentos". "Una de las preguntas incluía incluso la caracterización gobierno militar"', fundamentó Tejera, explicando que así se vuelve a convertir en v{ictimas a quienes padecieron el terrorismo de Estado.

La abogada considera que "en un juicio de lesa humanidad, las victimas deben ser resguardadas, y por eso debe cuidarse el tenor de los interrogatorios". "El juez toma conocimiento de cuáles van a ser las preguntas media hora antes. Creemos que en ese lapso deberían revisarse el contenido de algunas de las cosas que se les transmiten a los testigos".

En este juicio están acusados, junto con Appiani, los militares José Anselmo Appelhans, Oscar Ramón Obaid y Alberto Rivas, el policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte. Además, son investigados la agente penitenciaria Rosa Susana Bidinost; el policía entrerriano Carlos Horacio Zapata y el médico Hugo Mario Moyano.

La causa se instruye desde hace más de diez años y, según la abogada Tejera "a lo largo de todo este tiempo se vio sometida a constantes maniobras dilatorias por parte de la defensa de los represores".

Appiani recusó en esta causa a nueve jueces con los planteos más diversos y llevó estos reclamos al Consejo de la Magistratura, en donde fueron desestimados. El capitán Appiani fue (y presuntamente es) socio además, en un estudio jurídico, del mayor retirado (y abogado) Jorge Antonio Olivera, quien se encuentra prófugo tras haber haber recibido una condena por su responsabilidad en el secuestro, torturas, violación y asesinato de la joven de nacionalidad francesa Marie-Anne Erize, entre otros delitos de lesa humanidad.

Como abogados, Appiani y Olivera defendieron a varios represores de la dictadura y tramitaban desde su estudio las actualizaciones de haberes jubilatorios de militares retirados. Por esas gestiones, ambos cobraron cerca de $ 10 millones de pesos, que fueron depositados en un fideicomiso. El año pasado, tras la fuga de Olivera del Hospital Militar Central, la Unidad de Información Financiera (UIF) congeló esos fondos ante la sospecha de que se usaban para financiar las actividades de los militares prófugos de la Justicia.

 
 
 
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