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03/02/2017

El TOF 1 de San Martín aún debe fijar fecha para el comienzo del juicio oral 

A 35 años del secuestro de Ana María Martínez, última víctima del plan sistemático de la dictadura

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Detalle de una tapa de "Gente", donde aún no se presentaba el caso de AMM como un secuestro y desaparición forzada
“Era una persona comprometida, solidaria y militante en su lugar de trabajo y en los barrios. Durante muchos años luchamos para que se sepa la verdad y lograr que se haga justicia”, señalo en diálogo con Télam Carmen Metrovich, cuñada de la víctima y referente de la Comisión de Familiares y Amigos de Ana Martínez, un grupo creado en 2012 con el propósito de impulsar que este caso se investigue como delito de lesa humanidad. Martínez trabajaba en la fábrica de autopartes DEA ubicada en el partido de Vicente López; tenía 31 años, estaba embazada de tres meses y alternaba su militancia en el PST con su trabajo en comedores barriales de la zona norte del Gran Buenos Aires.

El secuestro de esta marplatense tuvo lugar en la localidad de Villa de Mayo, en horas de la noche, cuando salió de su casa para hacer una compra y fue abordada por un hombre corpulento y rubio que la subió a un Ford Falcón, según relataron vecinos
que presenciaron el hecho. Siete días después, el 11 de febrero, el cuerpo de Martínez fue encontrado semienterrado por unos chicos que jugaban cerca del canal Villanueva, en el Dique Luján, en el partido de Escobar (toda la zona fue utilizada desde los primeros años de la dictadura para fondear y hacer desaparecer cadáveres de detenidos, muchas veces introduciéndolos en tambores de combustible y cubriéndolos con cal)

Dos meses antes de la Guerra de Malvinas y con una represión ilegal que parecía haber atenuado en relación a la magnitud que había tenido entre 1976 y 1979, los medios de prensa le dedicaron una apreciable cobertura al hecho. Según consignaron notas periodísticas de la época, el cadáver de Martínez tenía once heridas de bala, aunque nunca se pudo saber si oficialmente le fue practicada una autopsia.

Los restos de Martínez fueron enterrados al día siguiente de su hallazgo en el cementerio de la localidad de Benavídez bajo el rótulo "NN" y sus familiares pudieron identificarla algunos días después.

“A mi hermano (José Santiago Metrovich) no le dejaron ver el cuerpo. Los padres de Ana la pudieron reconocer por fotos y porque en la Comisaría de Pacheco le mostraron tres anillos que eran de ella. Después de muchos trámites, sus familiares lograron enterrarla en Mar del Plata”, recordó Carmen.

En ese entonces, los familiares y compañeros de militancia denunciaron el secuestro, las autoridades se negaron a dar informaciones sobre este asesinato.

“A muchos compañeros de Ana los vigilaban y los seguían, y mi hermano estuvo tres años viviendo en la clandestinidad, nos veíamos cada tanto. Después volvió a la actividad sindical y fue delegado de la línea de colectivos 93. El dolor del secuestro lo marcó durante el resto de su vida, hasta que murió en 2010". Dos años después, a instancias de Carmen, se conformó una comisión que empezó a trabajar con el objetivo de reabrir una investigación sobre este asesinato.

“Con unos compañeros recorrimos el barrio en el que vivía Ana, en Villa de Mayo, preguntamos, repartimos folletos y recabamos testimonios de algunos vecinos. Así conseguimos que se empezara a investigar después de muchos años”, contó Carmen.

Bajo el patrocinio del abogado Pablo Llonto se abrió una investigación, que halló en el archivo de la Comisión Provincial de la Memoria (ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires) fichas y registros sobre militantes del PST, y allí se encontró una fotografía de Ana María tomada en un bar por los servicios de Inteligencia, en 1981.

“Esa zona del Gran Buenos Aires estaba bajo el control operativo del Comando de Institutos militares de Campo de Mayo y del destacamento de inteligencia 201 que funcionaba en esa unidad militar. Trabajamos con la hipótesis de que el secuestro de Ana lo ejecutaron efectivos del Ejército y de la Policía”, detalló Llonto a esta agencia.

Los tres acusados que deberán responder ante el Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín por este crimen de lesa humanidad serán el entonces jefe de Campo de Mayo, el general Héctor Ríos Ereñú -que llegó a comandante en jefe del Ejército durante el Gobierno de Raúl Alfonsín--; Jorge Norberto Apa, general retirado que tuvo mando sobre el aparato de inteligencia de la última dictadura y el coronel de Infantería (RE) Raúl Guillermo Pascual Muñoz, quien fuera jefe del Estado mayor del Comando de
Institutos Militares.

“Ellos estaban a cargo del control operativo en esa zona y eran responsables del accionar de las fuerzas represivas. Esperamos que durante el debate podamos obtener más información sobre los responsables de este operativo", agregó el abogado. "Esperamos que este año, el TOF 1 de San Martín pueda fijar una fecha para empezar con el juicio y establecer la verdad de lo que sucedió con Ana”, enfatizó Llonto.

 
 
 
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