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22/12/2017

Los alegatos se retomaran el 1º de febrero 

Memoria Activa aprobó con reparos los pedidos de penas por el encubrimiento del atentado a la AMIA

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Hugo Anzorreguy, ex jefe de la SIDE (foto de AFP)
La organización de familiares de víctimas del atentado a la AMIA Memoria Activa consideró "serio y exhaustivo" el trabajo de la UFI-AMIA que derivó ayer en los pedidos de penas por el encubrimiento del atentado, si bien puntualizó que tiene "discrepancias" con la acusación. En mensajes difundidos a través de la cuenta de Twitter, la agrupación consignó detalles de las penas solicitadas por la Fiscalía en este proceso, entre otros para el ex presidente Carlos Menem y el ex juez del caso, Juan José Galeano. "Si bien desde Memoria Activa tenemos algunas discrepancias con los pedidos de penas de la fiscalía, no por ello dudamos del serio y exhaustivo trabajo que han hecho los fiscales, tal como quedó demostrado a lo largo del juicio y especialmente en el alegato final", subrayó.

La UFI-AMIA pidió ayer que Menem sea condenado a 4 años de prisión y que Galeano purgue 13 años de cárcel por el encubrimiento del ataque terrorista perpetrado en 1994.

La fiscalía sostuvo que todas las maniobras que se ventilaron en el juicio oral por el encubrimiento del ataque terrorista "llevaron a dificultar, desviar e incluso arruinar la investigación del atentado" y pidió condenas para todos los acusados menos para el ex comisario Jorge "Fino" Palacios.

Memoria Activa también pidió "contar con la difusión y acompañamiento en el juicio el año que viene, a partir del 1° de febrero", cuando se retomen las audiencias con el alegato de la querella del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

En el juicio oral -que lleva más de dos años de desarrollo-, se ventilaron dos grandes hechos: por un lado, el pago al reducidor de autos Carlos Telleldín para que diera una declaración falsa ante la justicia y, por otro, el abandono deliberado de la investigación sobre el ciudadano de origen sirio Alberto Kanoore Edul, quien tenía vínculos con la familia Menem.

La fiscalía pisdió además que los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia sean condenados a ocho años de prisión y el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy a seis años, y qye todos se los inhabilite de por vida para ejercer cargos públicos.

"Estamos hablando siempre de maniobras que llevaron a perjudicar, desviar, dificultar y hasta arruinar la investigación del atentado a la AMIA. Los hechos deben ser considerados delitos de lesa humanidad porque son conexos al atentado a la AMIA", dijo el fiscal Roberto Salum al cerrar su alegato.

Salum y Miguel Yivoff, integrantes de la Unidad Fiscal AMIA, que estaba a cargo de Alberto Nisman hasta su muerte, también pidieron condenas para otros siete acusados: tres años de prisión para el subjefe de la SIDE Juan Carlos Anchezar; dos años para el ex agente de inteligencia Patricio Finnen; tres años y medio para el reducidor de autos Carlos Telleldín; dos años para la esposa de Telleldín, Ana Boragni; tres años y medio para el abogado Víctor Stinfale.

Del mismo modo, pidieron tres años de cárcel para el ex comisario de la Policía Federal Carlos Castañeda; y un año para el ex titular de la DAIA Rubén Beraja.

El único acusado para el que la Fiscalía pidió la absolución fue el también ex comisario Jorge "Fino" Palacios.

Para Galeano, los ex fiscales del caso, Anzorreguy, Menem, Anchezar, Castañeda, Telleldín y Stinfale los pedidos de condena son de cumplimiento efectivo porque superaron los tres años. Para el resto son en suspenso.

Los penas más altas fueron para quienes eran los máximos responsables del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial en investigar el atentado y, por el contrario, encubrieron pistas y plantaron acusaciones falsas.

Responsabilidades

Los fiscales tuvieron en cuenta como agravantes para pedir las penas que Menem –quien estuvo presente en la audiencia cuando se pidió su condena– ocupaba el máximo cargo del Estado al igual que Anzorreguy dentro de los servicios de inteligencia y que Galeano, Mullen y Barbaccia cometieron los delitos en la investigación del "peor atentado de la historia argentina" y con su accionar generaron una "profunda defraudación de las expectativas" de las víctimas.

"Todos los hechos se produjeron durante la investigación de la causa AMIA e imputaron de un modo u otro en la investigación", dijo Salum sobre el encubrimiento de la investigación.

Los pedidos de condena fueron por ocho delitos que no se aplican en su totalidad para todos los acusados: peculado, privación ilegal de la libertad, prevaricato, coacción, encubrimiento, destrucción de medios de prueba, abuso de autoridad y falsedad ideológica de documento público.

El 18 de julio de 1994 una bomba explotó en la AMIA y mató a 85 personas e hirió a otras 151. Era el segundo atentado que sufría el país después del ocurrido en la embajada de Israel en 1992, apenas dos años antes.

Los fiscales pidieron condenas al considerar probados los dos hechos que se juzgan: el pago ilegal de 400 mil dólares que para que Telleldín –entonces detenido y acusado de ser quien vendió la camioneta que se habría usado en el atentado– involucrase a cuatro oficiales de la policía bonaerense y el desvío de lo que se conoció como "la pista siria" que investigaba a un empresario amigo del entonces presidente Menem.

La Fiscalía, que comenzó su alegato a fines de octubre y se extendió durante casi tres meses, acusó a Galeano de haber autorizado en julio de 1996 –a dos años del atentado– un pago ilegal sabiendo que Telleldín iba a hacer una acusación falsa. Para eso, el juez citó a Telleldín a su despacho y grabó la charla, la que después se hizo pública.

El dinero fue aportado por la SIDE, entonces a cargo de Anzorreguy, y el pago fue instrumentado por el fallecido mayor Alejandro Brousson y Patrico Pfinnen, agentes de inteligencia a cargo de la "Sala Patria" del organismo de inteligencia.

Para la Fiscalía, Mullen y Barbaccia sabían de la maniobra ilegal y tenían la obligación de denunciarla pero, por el contrario, la avalaron y pidieron la elevación a juicio oral de Telleldín y los policías.

La operación se hizo en dos pagos. El primero fue el 5 de julio de 1996 en el Banco Quilmes de Ramos Mejía por tres agentes de la SIDE que le dieron 200 mil dólares a Boragni y Stinfale, abogado de Telleldin. El resto del dinero se pagó en el Banco Río de Belgrano.

En su declaración, Telleldín acusó a los integrantes de las Brigadas de Investigaciones de Lanús y Vicente López Juan José Ribelli, Raúl Ibarra, Anastasio Leal y Mario Barreiro de haber recibido la camioneta que explotó en la AMIA.

Los policías estuvieron presos ocho años y fueron liberados en septiembre de 2004 cuando terminó el juicio oral del atentado que fue declarado nulo por el Tribunal Oral Federal 3 por todas las irregularidades de la investigación.

Ribelli se recibió de abogado en la cárcel y hoy forma parte de una de las querellas acusadoras.

Respecto de Beraja, la Fiscalía sostuvo que tenía contacto diario con Galeano y con el poder político por lo que sabía de las irregularidades de la causa. Si bien Beraja hizo una denuncia por irregularidades en la investigación, la presentó sobre cuestiones menores y ante Galeano, el propio juez sospechado.

Galeano y los ex fiscales Mullen y Barbaccia tuvieron otra acusación. Fue por haber coaccionado a dos testigos –Gustavo Semorile y Miriam Salinas– para que declaren contra los policías.

La segunda acusación es por la llamada "pista siria" que apuntaba a Alberto Kannore Edul, un empresario sirio que era amigo de Menem. Edul tuvo un llamado telefónico a la casa de  Telleldín el mismo día que éste se desprendió de la camioneta y en su agenda se encontró el contacto de Mohsen Rabbani, uno de los iraníes que luego sería acusado con pedido de captura internacional de ser autor del atentado.

Esa pista se dejó de investigar el mismo día que el empresario visitó la Casa Rosada y se ordenaron tres allanamientos sobre sus domicilios, uno de los cuáles se dejó sin efecto.

La Fiscalía sostuvo que Galeano recibió un llamado de Munir Menem, el ya fallecido hermano del Presidente y entonces jefe de la Unidad Presidente, para que levante esa investigación. Esa orden, señalaron los fiscales, fue instigada por el presidente Menem.

Para sostener la acusación, la Fiscalía señaló que esa pista no se volvió a investigar hasta que Menem dejó la presidencia, que la SIDE levantó las intervenciones telefónicas sobre Edul antes de que se lo ordene la Justicia y que se perdieron las transcripciones y los cassetes que se tenían.

Por este hecho además de Galeano y Menem también fueron acusados Anzorreguy, el subjefe de la ex SIDE Anchezar y el comisario Castañeda, quienes tenían a su cargo las escuchas y los cassetes.

Por la pista de Edul también estuvo imputado Palacios pero los fiscales sostuvieron que no hay prueba para pedir que sea condenado.

"Menem determinó a Juan José Galeano a través de su hermano, Munir Menem, a abandonar la investigación de la pista sobre Kannore Edul", dijo el fiscal Yivoff en su alegato.

Galeano fue apartado de la causa en diciembre de 2003 y en agosto de 2005 fue destituido como juez federal por su mal desempeño en la investigación del atentado.

El juicio oral comenzó en agosto de 2015 y está a cargo del Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel.

Hoy fue la última audiencia del año y el juicio continuará en febrero -después de la feria judicial de enero- con los alegatos de las seis querellas. Luego vendrán los alegatos de las 13 defensas, últimas palabras de los acusados y el veredicto que se calcula para mediados de 2018.

Este no será el último juicio por el caso AMIA. El Tribunal Oral Federal 3 debe poner fecha para comenzar el proceso contra Telleldín por haber vendido la camioneta que se sospecha usó en el atentado. Si bien Telleldín ya fue juzgado en el primer juicio del atentado que se anuló, la Corte Suprema confirmó toda la nulidad excepto la acusación contra el reducidor de autos por lo que avaló una nueva acusación.

El ex presidente Menem tiene dos condenas. Una a siete años de prisión por el tráfico de armas a Croacia y Ecuardor y otra a cuatro años y medio por el pago de sobresueldos a funcionarios durante sus dos gobiernos. Las condenas están bajo revisión de la Cámara Federal de Casación Penal que si las confirma quedarán firmes y se activará el pedido de desafuero de Menem como senador –inició a principio de mes su tercer mandato consecutivo– para comenzar a cumplir las condenas.

Por otra parte, se está investigando una segunda causa de encubrimiento del atentado. Es por la firma en 2013 del memorándum de entendimiento con Irán por el que hace pocas semanas fue procesada la ex presidente Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini y otros nueve ex funcionarios y allegados al gobierno, de los cuales cinco están detenidos. Los procesamientos fueron confirmados hoy por la Cámara Federal.


 
 
 
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