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29/05/2012

Ya cumple condenas por violaciones a los DDHH 

Allanaron la casa del ex general Luciano Benjamín Menéndez, buscando evidencia sobre desaparecidos

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Luciano "Cachorro" Menéndez. Las inesperadas declaraciones de Videla lo ponen en problemas.
Córdoba.-La Justicia Federal de Córdoba allanó la vivienda del represor Luciano Benjamín Menéndez en la ciudad de Córdoba, en el marco de una investigación vinculada con delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Menéndez, condenado a cadena perpetua por violaciones a los derechos humanos, cumple prisión domiciliaria a raíz de su estado de salud. Fuentes judiciales dijeron que el operativo fue ordenado por el juez federal Alejandro Sánchez Freytes y se realizó el pasado jueves 24 en el domicilio particular del ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, ubicado en el barrio Bajo Palermo de la capital provincial.

El trámite se enmarca en una causa abierta en la Justicia Federal merced a una presentación realizada por la agrupación HIJOS por las declaraciones del ex dictador Jorge Rafael Videla publicadas en el libro "Disposición Final", del periodista Ceferino Reato. En ese libro, Videla sostiene que la confección de las listas de detenidos y desaparecidos estaban a cargo de los comandantes de cada una de las zona, que en el caso de la Zona 3 era Menéndez. Los informantes detallaron que, durante el allanamiento fue incautada documentación que será analizada para determinar si tienen vinculación con el hecho que se investiga.

Habrían hallado documentos de la dictadura

Según publica el diario Perfil en la edición de la fecha, la Justicia Federal secuestró documentos de la dictadura en la casa del ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército y ex general Luciano Benjamín Menéndez, que purga en su domicilio siete condenas a cadena perpetua. Así lo habrían revelado fuentes judiciales, detallando al citado medio que el represor de 84 años presenció el procedimiento, llevado a cabo el pasado jueves 24 pero recién conocido hoy, en la casa del barrio cordobés Bajo Palermo en que el militar vive junto a su esposa.

El allanamiento fue ordenado por el juzgado federal 3, a cargo del magistrado Alejandro Sánchez Freytes, a partir de un pedido del querellante Claudio Orosz en el marco de las investigaciones por delitos de lesa humanidad. "El pedido fue a raíz de las declaraciones de (Jorge Rafael) Videla en el libro de Ceferino Reato ("Disposición final"), donde dice que la decisión y las listas de detenidos y desaparecidos estaban a cargo de los comandantes de zona, y Menéndez era comandante de la zona tres", indicó Orosz al sitio digital del diario La Voz del Interior.También, indicó, la solicitud se basó en declaraciones de Videla al juzgado federal de San Martín, provincia de Buenos Aires.

Durante el procedimiento, en el que estaba presente Menéndez, se secuestró documentación que ahora está en manos de la Justicia, según señaló el querellante. El libro "Disposición final" de Reato publicó que Videla admitió por primera vez que la dictadura asesinó a "siete u ocho mil personas" y dijo que si bien no hay listas con el "destino final" de los desaparecidos, podría haber "listas parciales".

"No hay listas con el destino final de los desaparecidos. Podría haber listas parciales, pero desprolijas", dijo Videla según esa obra. La agrupación "HIJOS" filial Córdoba consideró que el allanamiento es "un paso adelante para desterrar el pacto de silencio e impunidad que mantienen los responsables de los más terribles crímenes de lesa humanidad".

"Ellos conocen el destino de los desaparecidos y los niños separados de sus familias y no dicen dónde están, no colaboran en el cese de estos delitos que día a día se siguen cometiendo", indicó la agrupación a través de un comunicado.

En abril último, la justicia federal de San Martín allanó la casa de Videla, la de su ministro del Interior Albano Harguindeguy y la del ex general Omar Santiago Riveros, jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo durante la dictadura. En esa ocasión, la medida respondió a un pedido del abogado Pablo Llonto, representante legal de varias familias de asesinados y desaparecidos por la dictadura, también a partir de declaraciones contenidas en el libro de Reato.

 
 
 
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