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10/11/2014

Desde mediados de 1977 se realizaron en la sección Epidemiología del hospital 

Campo de Mayo: Abuelas pidieron penas de hasta 30 años para los médicos que atendieron partos

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    Abogado Iud. Todo está archiprobado.
Las Abuelas de Plaza de Mayo pidieron hoy penas de 30 y 12 años de prisión para tres médicos militares que atendieron mujeres secuestradas que dieron a luz en la maternidad clandestina que funcionó desde mediados de 1977 en el sector "Epidemiología" del Hospital Militar de Campo de Mayo. “Se trataba de perfeccionar la desaparición de sus padres”, dijo el abogado de la asociación, Alan Iud, al alegar en el juicio que se sigue al traumatólogo militar Norberto Bianco, al clinico Eduardo Martín y la obstetra Luisa Yolanda Arroche de Salas García. Para los multicondenados generales Santiago Omar Riveros y Reynaldo Bignone, jefes de la guarnición Campo de Mayo y de la zona IV en la que aquella estaba inscripta, la querella reclamó penas de 40 y 35 años de prisión, respectivamente.

La querella acusó a los médicos por los delitos de retención y ocultación de identidad de los ocho menores robados a sus familias biológicas, así como falsificación de documento.

Para Bianco y Martin, las Abuelas pidieron 30 años de prisión mientras que para la obstetra Arroche –la única sin condición militar- pidieron 12 años, destacando que en todos los casos se trata de delitos de lesa humanidad.

El abogado del organismo querellante, Alan Iud, dio por probado que los partos se produjeron dentro del área de epidemiologia del Hospital Militar de la guarnición, bajo supervisión de los tres profesionales.

El pabellón estuvo al mando de dos médicos militares, el fallecido Julio César Caseroto, y mayor Bianco, quien ya fue condenado con anterioridad junto a su mujer por la apropiación de la hija de la desaparecida Norma Tato, quien recuperó su identidad en 2007.

Las actas de nacimiento apócrifas para falsear la identidad del bebé robado fueron firmadas habitualmente por la obstetra pero en algunos casos fueron firmadas por los médicos.

Los tres, junto a los jefes militares, presenciaron durante siete horas la primera audiencia de pedido de penas sentados en la sala Amia de los tribunales federales de Retiro, donde se realiza el proceso.

El juicio se inició a fines de septiembre pasado y es una segunda etapa del primer proceso por el denominado “plan sistemático de robo de bebés” pero ahora se ventila el caso particular de nueve prisioneras que dieron a luz en ese sitio, cuyos hijos fueron robados y entregados a militares o personas relacionadas.

En la extensa exposición que abrió este tramo final de juicio, los abogados de Abuelas detallaron el dispositivo montado en la hospital para atender a las embarazadas, que eran llevadas por la noche desde otros campos de concentración en un auto particular manejado por el mismo Bianco.

Las mujeres era alojadas en tres salas con rejas que estaban custodiadas por personal militar y daban a luz maniatadas, vendadas y sólo identificadas como N.N. en las fichas clínicas para no dejar registro de su paso antes de ser “trasladadas”.

Luego, los bebés eran retirados “una vez por semana”, según el alegato expuesto hoy por los letrados de las Abuelas de Plaza de Mayo y entregados a militares o personas de su confianza con partidas de nacimiento falsas.

La maternidad clandestina de Campo de Mayo se organizó a partir de julio-agosto 1977 ya que con anterioridad las prisioneras daban a luz en “El Campito”, uno de los cuatro centros de detención clandestino que funcionaban en la guarnición.

“Es imposible saber cuántas mujeres dieron a luz en el lugar”, sintetizaron los abogados tras leer testimonios vertidos en la causa por médicos y enfermeras que, junto a monjas, atendieron a las mujeres que alumbraron en cautiverio.

El abogado Iud remarcó que más allá de la falta de datos “es innegable que la práctica de sustracción de niños ya estaba consolidada a mediados del 77", cuando ocurrieron los secuestros de las embarazadas.

Los casos ventilados en este juicio son los de la citada Norma Tato, Marcela Graciela Alvarez, Liliana Isabel Acuña, Susana Strisler, Valeria Belaustegui Herrera, Silvia Quintela Dallasta, Miriam Ovando, Mónica Masri y María Duarte.

El juicio proseguirá el miércoles con el alegato del Ministerio Público fiscal.

Por la mañana

Ya por la mañana, la querella de las Abuelas de Plaza de Mayo había dado por probado que el área de Epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo funcionó regularmente como maternidad clandestina a partir de mediados de 1977.

"Todos los partos desde mediados de 1977 tuvieron lugar en el hospital", dijo el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, en su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 6  que juzga a los máximos responsables del lugar, los generales Santiago Omar Rivero y Reynaldo Bignone y a dos médicos militares que trabajaron allí durante la dictadura, además de una obstetra.

"El área de epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo fue utilizado para alojar mujeres desaparecidas embarazadas desde mediados del 77", insistió Iud, que puntualizó que anteriormente los partos se producían en distintos centros clandestinos dentro de la Zona 4.

"Antes había partos en El Campito, pero uno se complicó y comenzaron a ser llevadas a Campo de Mayo, la última en dar a luz en El Campito fue Norma Tato", explicó Iud.

El abogado afirmó que hay "prueba directa" para responsabilizar a Bignone, Riveros y, de acuerdo a los distintos casos, a los médicos acusados. Además le pidió al tribunal que tenga en cuenta los casos en los que aún no fueron identificados los bebés robados, como ya se hizo en una sentencia anterior por el plan sistemático de sustracción de menores.

"En la sentencia anterior sobre los no encontrados se dio por probado que fueron robados y luego de esa sentencia, dos de esos niños, entre ellos el nieto de Estela de Carlotto, recuperaron su identidad, lo que  demuestra que la sentencia del tribunal fue más que acertada al considerar que esos delitos continuaban en comisión. Pedimos el mismo razonamiento para los que no han sido restituidos en este juicio", explicó.

Al iniciar el alegato, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo dio por probado que "para llevar adelante la represión ilegal se montaron en Campo de Mayo, comisarías y dependencias militares de la zona norte, (la llamada por los militares) zona 4, numerosos centros clandestinos de detención y el principal fue El Campito".

Luego de repasar los casos del debate resulta claro que en dos casos sabemos fehacientemente que el parto ocurrió en El Campito, en otros tres casos ocurrieron en el Hospital MIlitar de Campo de Mayo y finalmente no tenemos precisiones de dónde nació Valeria Gutiérrez Acuña y sabemos que Marta Alvarez (una de las víctimas) dio a luz antes de ser asesinada", enumeró Iud.

El abogado de Abuelas remarcó que más allá de la falta de datos en otros dos casos "es innegable que la práctica de sustracción de niños ya estaba consolidada a mediados del 77".

Iud enumeró ante el Tribunal cada uno de los nueve casos de secuestradas embarazadas que dieron a luz en cautiverio,  sufrieron el robo de sus bebés y fueron objeto de la acusación en este juicio oral.

Así detalló el de Marcela Graciela Alvarez, secuestrada el 19 de abril de 1976 en la localidad bonaerense de Tortuguitas junto a su pareja y otros compañeros de militancia.

Todos fueron trasladados al centro clandestino de detención que funcionaba en Campo de mayo, torturados y 17 días más tarde asesinados a balazos en Ezeiza en un falso enfrentamiento.

Alvarez cursaba su octavo mes de embarazo al ser secuestrada y se calcula que dio a luz antes del asesinato, que su bebé fue sustraido y que todavía no ha sido identificado.

Otro caso fue el de Liliana Isabel Acuña, de 24 años y estudiante de Agronomía, secuestrada con su pareja el 26 de agosto d e1976 por un grupo comando en su casa.

Según sobrevivientes y el testimonio de un policía, ambos estuvieron secuestrados en el sótano de la comisaría 4 de San Isidro, que dependía "directamente del Comando de Institutos Militares", puntualizó Iud.

La joven estaba embarazada de cinco meses y en una nota manuscrita que le dieron a un policía de la comisaría que los ayudó, pedían avisar a su familia que estaban con vida y que "el embarazo está bien".

Acuña dio a luz una niña que fue identificada como la nieta 110 por Abuelas de Plaza de Mayo, Valeria Gutierrez Acuña, apropiada por un comisario de la Policía Bonaerense.

Otro caso, fue el de Susana Strisler, secuestrada con ocho meses de embarazo en la localidad bonaerense de Boulogne y que según se probó tuvo un varón y le dijeron que sería entregado a sus abuelos, algo que nunca ocurrió.

Norma Tato, otra de las víctimas, fue secuestrada en la madrugada de abril de 1977 en su departamento de avenida Las Heras al 4000 de la ciudad de Buenos Aires, embarazada de cinco meses, junto a su pareja Jorge Casariego.

Al igual que en otros casos ventilados en el juicio, las víctimas trabajaban en empresas de la zona Norte del conurbano.

Según la acusación de Abuelas, Tato dio a luz un varón en El Campito y el bebé fue entregado de inmediato al procesado en este juicio, el médico militar Norberto Bianco y a su esposa, quienes en otro juicio ya fueron condenados por la apropiación. La víctima recuperó su identidad en enero de 2007.

También recordó a Silvia Quintela, secuestrada en la localidad de Florida y vista en El Campito desde donde se la llevó a Epidemiología de Campo de Mayo para dar a luz un bebé "al que pudo ver unas horas" antes de volver al centro clandestino de detención para, a los pocos días, "ser trasladada, o sea, eliminada físicamente".

Su bebé, según se probó en un juicio anterior por apropiación, fue entregado al oficial de infantería -ya condenado por múltiples delitos- Víctor Gallo y a su mujer Susana Colombo desde el Instituto de Comandos MIlitares de Campo de Mayo.

En el juicio se analizó además lo ocurrido a Miriam Ovando, quien dio a luz en Campo de Mayo y su beba fue sustraída y entregada a un militar.

 
 
 
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