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05/12/2018

Entre el caso Muiña y el caso Batalla, hubo un cambio de interpretación 

Fallo decisivo de la Corte: los juzgados por delitos de lesa humanidad no podrán acceder al "2x1"

 
 
 
 
  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
    El masivo rechazo al "2X1" persuadió primero a los legisladores y luego a los mismos jueces de que la sociedad quiere mantener el eje Memoria, Verdad y Justicia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la ley que computa dos días de detención por cada uno de prisión sin condena firme es inaplicable para los condenados por delitos de lesa humanidad o quienes no hubieran estado presos durante la vigencia de esa norma. El máximo tribunal tomó esa decisión ante el recurso extraordinario presentado por Rufino Batalla, quien fuera condenado a 12 años de prisión por su actuación en el CCD "La Cacha", que funcionó durante la última dictadura en instalaciones de Radio Provincia, en la periferia de La Plata.

Votaron contra la aplicación del beneficio los ministros Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, en tanto que el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz votó en disidencia al considerar que correspondía conceder el beneficio.

La ley 24.390, también conocida como del “dos por uno”, fue derogada en 2001, pero el 3 de mayo de 2017 la Corte la empleó en el caso del represor de la dictadura Luis Muiña, teniendo en cuenta del principio del derecho penal que impone la aplicación de norma más benigna a favor del reo.

La solución en el caso “Muiña” había sido tomada por mayoría de tres a dos y entonces los votos de Highton, Rosatti y Rosenkrantz lograron imponerse a los del entonces presidente Lorenzetti y de Maqueda.
    
Una semana después de aquella sentencia y atendiendo a multitudinarias manifestaciones de repudio al "2X1", el Congreso Nacional aprobó la ley 27.362, “aclaratoria” o “interpretativa” de la anterior, la que en forma explícita excluyó del beneficio a los condenados por delitos de lesa humanidad.
    
La Ley 27.362 restringió el alance del “dos por uno” al establecer que ese beneficio “no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra".

En mayo último, a un año del caso “Muiña”, la Corte rechazó aplicar la Ley 24.390 a Jorge Humberto Appiani, un ex militar y abogado condenado a 18 años de prisión por secuestros y torturas, pero la declaración de inadmisibilidad no se expidió sobre el fondo de la cuestión.

La defensa de Batalla había pedido la concesión del beneficio luego del dictado del fallo en el caso “Muiña”.

En el caso “Batalla”, Highton y Rosatti sumaron sus fundamentos a los de Lorenzetti y Maqueda, que reiteraron sus convicciones, expresadas cuando, hace un año y medio, votaron en minoría.

La mayoría se expidió sobre la validez de la ley 27.362, a la que se citó también como “correctiva” y cubriendo un “vacío” que sirvió para que la Argentina cumpla con compromisos internacionales que imponen investigar y juzgar los delitos de lesa humanidad.

Rosenkrantz ratificó su criterio de mayo de 2017 al sostener que nada cambió con el dictado de la ley 27.362, a la que calificó como “inconstitucional” porque en forma retroactiva estableció pautas más perjudiciales en materia penal.

El voto minoritario recordó que el artículo 18 de la Constitución Nacional “prohíbe en materia penal la aplicación retroactiva de la ley más gravosa”.
    
Rosenkratz consideró que la ley 27.362, a la que se la mencionó como “interpretativa” de la 24.390, fue, como surge del previo debate parlamentario, una “modificación” como “respuesta” a la reacción social que provocó el caso “Muiña”. Agregó que “la reacción social que motivó el dictado de la ley 27.362 expresa el legado del ‘Nunca más’ y el objetivo compartido de no claudicar en la persecución de delitos de lesa humanidad”, pero “no cualquier modo de poner en práctica ese compromiso es respetuoso de nuestra Constitución”.

Para el voto disidente, “la Constitución nos exige extender las garantías que consagra —como el principio de irretroactividad de la ley penal— a todos por igual”. Rosenkrantz consideró que “el hecho de que la ley 27.362 haya sido la consecuencia de un gran consenso y que el mismo haya sido expresivo de una reacción ciudadana motivada no implica, sin embargo, que sea constitucionalmente válida”. Y acotó que “la validez constitucional de una ley no viene dada por el grado de su aceptación social ni por el intento de plasmar ciertos ideales -por loables que sean-, sino por su consistencia con el consenso intertemporal más profundo, documentado en nuestra Constitución Nacional.


Lorenzino apoyó el fallo y criticó a Rosenkrantz


El Defensor del Pueblo bonaerense Guido Lorenzino apoyó este lunes la decisión de la Corte Suprema de Justicia de rechazar la aplicación del beneficio del 2x1 a los represores condenados por crímenes durante la última dictadura, pero criticó la postura del presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, que fue el único juez que votó en contra de esta decisión.

"La política de derechos humanos es uno de los pilares de nuestra democracia. Celebramos que esta política tenga siempre vigencia y lucharemos para que no pierda fuerza", sostuvo Lorenzino en un comunicado.

Lamentó también que el presidente de la Corte haya sido "el único que mantuvo su posición, con lo que le dio la espalda a la clara postura a favor de los derechos humanos adoptada por el resto de sus compañeros".
    
"Es doloroso que el máximo representante de la Justicia argentina no haya estado a la altura del reclamo social ante una sentencia que hubiera agitado los peores fantasmas de nuestra historia", concluyó.

 

 
 
 
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